En una declaración pública, firmada por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, afirmaron que continúan honrando el compromiso suscrito en La Habana en 2016.
Enfatizaron que siempre han tenido la intención de poner fin a la guerra, «aun cuando después de dejar las armas tengamos casi trescientos firmantes asesinados y múltiples desplazados y desaparecidos.»
Cumplir el Acuerdo es un deber ético, jurídico y revolucionario, que siguen reafirmando en la escucha sincera de las víctimas y sus demandas, destacaron.
«Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz que mantenemos nuestra voluntad de reconocimiento, pese a las adversidades y los incumplimientos del Estado en la implementación del Acuerdo», subrayaron.
Recalcaron que el macrocaso 01 (retención de personas por parte de las FARC-EP) ha sido para ellos una posibilidad de reflexionar sobre la errada política de secuestro que en su momento adoptó esa fuerza guerrillera.
«Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad», resaltaron.
Agregaron que ante la justicia transicional reiteraron su reconocimiento del dolor causado a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad; someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida.
«Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud», advirtieron.
En tal caso, sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC-EP fue una organización esclavista, añadieron.
Los firmantes explicaron que han llevado a cabo más de 200 actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escucharon a las víctimas cuyo dolor les ha conmovido.
El sentido de la Jurisdicción debe ser el de materializar una Justicia para la Paz y la reconciliación, que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivo de los Tribunales Penales, comentaron.
Remarcaron que por no compartir la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidieron interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo.
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