El fantasma de la vacancia asomó mientras el jefe de Estado sostenía una larga reunión con los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía, los cuales, al término de la cita se retiraron sin hacer declaraciones.
Fuentes parlamentarias informaron a reporteros que la vacancia era preparada por un partido de derecha, entre los cuales Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (FP) no ocultan deseos de terminar con el Gobierno iniciado hace poco más de tres meses.
La versión indica que lo harían con el argumento de que el mandatario habría cometido el delito de tráfico de influencias al abogar por el ascenso de algunos coroneles al grado de general.
El conductor de la televisora RPP Jaime Chincha citó esas versiones y señaló la coincidencia de que el vocero de la bancada parlamentaria de RP, Alejandro Muñante, declaró que las gestiones oficiales denunciadas serían un delito de tráfico de influencias.
Consultado sobre el presunto plan de vacancia, el legislador de FP Alejandro Aguinaga dijo que todavía no puede tratarse el tema porque está en debate un proyecto gubernamental que plantea modificar la norma constitucional que autoriza al Congreso a cesar al presidente por “incapacidad moral permanente”.
Los exjefes del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, afirman que recibieron presiones del entorno presidencial para que asciendan a determinados oficiales y, tras negarse, fueron relevados la semana pasada sin motivos conocidos.
Las acusaciones obtienen gran despliegue de fuerzas políticas y medios de prensa opositores que resaltan la afirmación de Vizcarra, de que el presidente Castillo le envió un mensaje de mensajería telefónica, según el cual “le tenía un encargo sobre los ascensos”.
El afán de involucrar a Castillo lo evidenció también la legisladora de derecha extrema Adriana Tudela, al escribir en Twitter que “no se puede ignorar que Castillo es quien nombra y da órdenes a Ayala”, aunque la constitución exime de responsabilidades al presidente y las asigna a los ministros.
Vizcarra acudió hoy a la Comisión de Defensa del Parlamento, controlada por las bancadas opositoras, y antes dijo que mostraría a los legisladores los mensajes recibidos de Castillo.
El escándalo llevó ayer al ministro de Defensa, Walter Ayala, a poner el cargo a disposición del jefe de Estado, por lo cual su relevo se considera inminente.
El vocero de la bancada del partido gobernante Perú Libre, Waldemar Cerrón, cuestionó las presiones que alegan la actitud de los exjefes militares reemplazados y preguntó porqué no denunciaron en cuanto se produjeron, al inicio del proceso de ascensos.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recordó ayer que el personal castrense en actividad no puede hacer pronunciamientos porque estos “son actos de deliberación política”.
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