Si bien la determinación del gobernante fue consecuencia del deceso del favorito de su partido –el primer ministro Amadou Gon Coulibaly– para disputar la jefatura de Estado, no le resultó agradable a la oposición que el mandatario saliente ocupara la vacante, volviera a concursar y mucho menos que triunfara.
Tras la muerte de Coulibaly, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz solicitó a Outtara postularse y su aceptación ahondó el disenso con los principales rivales: Henri Konan Bédié y Pascal Affi N’Guessan, de los partidos Democrático de Costa de Marfil (PDCI) y el Frente Popular Marfileño (FPI), respectivamente.
En el periodo de las elecciones presidenciales las críticas contra el mandatario se multiplicaron, toda vez que la Constitución de Costa de Marfil dispone que el jefe de Estado solo puede ejercer como tal dos períodos de mandato, por lo que una tercera etapa motivaba la controversia.
Para flanquear ese obstáculo, el partido gobernante recibió el apoyo del Tribunal Constitucional, con el argumento de que las enmiendas a la Carta Magna ofrecían a Ouattara la opción de reiniciar su contador, lo que sus críticos consideraron violatorio y no reconocieron su victoria.
Un aspecto importante de la oposición fue que para no apartarse del contexto propiamente institucional Konan Bedié y Affi N’Guessan anunciaron que crearían un Consejo Nacional de Transición para convocar a nuevas elecciones, lo cual no se apartaba del ‘marco legal’, aunque evidentemente agregaba leña al fuego de la crisis.
Después vinieron las conversaciones e intercambios de opiniones que permitieron disminuir tensiones y avanzar hacia los comicios parlamentarios de este sábado, que pueden dar una nueva configuración al Legislativo, y los observadores consideran se aprovechará para descongestionar el ambiente.
A los votantes marfileños se les convocó a una consulta considerada de gran impacto para el futuro político del país, pues se prevé que ayude a restablecer con reubicaciones partidistas en el hemiciclo un orden institucional que blinde al Estado contra las reediciones de crisis políticas.
En la más reciente convulsión marfileña hubo una campaña de arrestos por parte de las fuerzas de seguridad, en la que detuvieron a Affi N’Guessan, si bien después se abrió un proceso de diálogo para evitar que el país se hundiera en un conflicto de similar dimensión al de 2010.
Aquel año la disputa se relacionó con los resultados de las elecciones presidenciales a las que concurrían el mandatario saliente, Laurent Koudou Gbagbo, y el entonces aspirante, Alassane Dramane Ouattara. De la querella acerca de la victoria en los comicios se pasó al conflicto armado que causó unos tres mil muertos. Tal discordia se decidió con la intervención de la Misión de la ONU en el país; el retador asumió la presidencia y a Gbagbo la Corte Penal Internacional, de La Haya, lo sometió a un largo juicio, que concluyó en 2019 con la liberación de los cargos y, para algunos juristas, con el posible retorno a las lides políticas.
Esa percepción se reforzó al acercarse las legislativas, y cuando el jefe histórico del FPI pidió a los conciudadanos que lleven sus votos de forma masiva a favor de ‘nuestros candidatos en las circunscripciones electorales en las que estemos solos o en alianza con el PDCI’.
Para la parte gubernamental la carrera por los 255 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento) es ‘la hora de determinar a qué le haremos frente durante los próximos años’, según publicó el presidente Outtara en un artículo en Project Syndicate, una asociación de editores de prensa.
De todas formas para el electorado marfileño tiene vigencia hoy la locución latina ‘Alea iacta est’, lo que equivale a decir la suerte está echada.
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