Así lo confirmó a Prensa Latina el abogado Carlos Rivera, especializado en casos de derechos humanos, quien consideró extraño que la sentencia fuera dictada por un tribunal superior, en una audiencia virtual, sin disponer la custodia del reo, que no cumplió con ponerse a derecho.
La detención y desaparición de Trucios se registró hace 30 años, en la provincia de La Concepción, en la región centroandina de Junín y la perpetró una patrulla de fuerzas especiales de una jurisdicción militar que tenía como comandante a Pérez Documet.
La sentencia indica que el Estado debe investigar el caso hasta establecer qué ocurrió con la víctima y la búsqueda de su cuerpo, por parte de la Policía especializada.
El abogado Rivera recordó que Pérez Documet logró salir bien librado de casos similares y tiene pendiente un proceso por la masacre de La Cantuta, de nueve estudiantes y un catedrático de la universidad del mismo nombre, en noviembre de 1991, en el lado este de Lima Metropolitana.
El general comandaba la División de Fuerzas Especiales que rodeaban La Cantuta y otras universidades y que dieron cobertura al Grupo Colina para que ingrese al local y secuestre a los 10 sospechosos de integrar el entonces activo grupo armado Sendero Luminoso, lo que posteriormente fue descartado.
La citada matanza es una de las que determinaron la sentenci a al exgobernante Fujimori a una larga condena de prisión. El secretario general del partido gobernante, Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que el exgeneral prófugo goza de protección y pronosticó que no será capturado.
Jaime Cerrón, padre de Vladimir y rector de la Universidad estatal de Huancayo, capital de Junín, fue víctima de secuestro, tortura y asesinato, presuntamente cometidos por un comando militar ilegal, en junio de 1990 y el Ministerio Público acusó del crimen a seis militares, entre ellos cuatro generales, pero el caso sigue impune.
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