Entre los objetivos de esas disposiciones está la adopción de nuevas acciones restrictivas para los programas de sufragio popular por correo y de votación anticipada que antes gozaron del apoyo bipartidista, aseveró Reid Wilson en un comentario publicado este sábado en el diario The Hill.
En lugar de recalibrar las posiciones tras su derrota electoral el año pasado en los comicios de mayor participación en la historia del país, los del partido rojo ahora parecen ver más ventajas en excluir a tantos votantes como sea posible de las comunidades favorables a los demócratas, señaló Wilson.
En Missouri y en Montana, las respectivas cámaras legislativas estatales controladas por los republicanos valoran medidas para requerir identificación al emitir un voto en ausencia.
Entretanto, el Senado de Arizona, también de mayoría ‘roja’ aprobó una resolución para eliminar a los votantes de una lista permanente de electores ausentes si no ejercen ese derecho en dos comicios consecutivos.
En Georgia, la Cámara Baja estatal controlada por el Partido Republicano votó esta semana para limitar el voto ausente y anticipado, lo que provocó el rechazo de grupos de derechos civiles.
La disposición limitaría el sufragio anticipado los domingos, con lo que se reducen los programas tradicionales de participación de votantes en las iglesias negras.
De acuerdo con la denuncia, la legislación tiene como objetivo frenar la participación de los votantes negros de tendencia demócrata, quienes fueron cruciales en el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.
En general, según The Hill, en todo Estados Unidos se introdujeron recientemente más de 250 proyectos de ley en 43 estados, que restringirían el acceso a las urnas.
Estudios de diversas instituciones académicas demuestran que las restricciones para votar afectan de manera desproporcionada a las minorías y a los votantes de bajos ingresos, señala el texto de The Hill.
Los republicanos se opusieron a un proyecto de ley de reforma electoral aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, denominado La Ley Para el Pueblo, con el pretexto de que la legislación no incluye suficientes provisiones para combatir el fraude.
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