Varios cargos de corrupción integran el caso del Sistema de Registro de Causas contra el exalcalde, uno de los gestores del paro antigubernamental iniciado el 8 de noviembre, declaró el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Las acusaciones contra el líder del llamado “Comité Cívico” de Santa Cruz incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, beneficios sociales, sedición, contrabando difusión e incitación al racismo, indicó el titular a Bolivia-TV.
“Hay otros temas, incluso familiares –agregó- que no merece la pena que revelemos; pero, es una cantidad de juicios realmente asombrosa en relación con un líder cívico que no debería tener ningún cuestionamiento”.
Lima informó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ya solicitó un informe sobre el avance de estos procesos judiciales contra el exconsejal derechista y garantizó que no quedarán en la impunidad.
Martín Camacho, abogado del cívico, expresó, por su parte, que conoce sobre 15 denuncias en contra de su defendido, aunque aseguró que este se presentará a declarar ante la Fiscalía.
El letrado admitió en declaraciones a la red Patria Nueva que la mayoría de las acusaciones son por sedición, instigación a delinquir, aunque, incluso, algunas son por terrorismo.
Por su parte, la Asociación de Abogados de Santa Cruz pidió a la justicia sancionar al exalcalde por esos delitos, cometidos desde su gestión tras el golpe de Estado de 2019.
“Este sujeto cometió una serie de ilícitos, entre ellos, el de alzamiento armado, porque organizó tras la asonada de 2019 a la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista”, afirmó a Bolivia TV el presidente de la entidad departamental de letrados, Roly Velarde.
Calvo debería estar tras las rejas también por otros delitos, entre ellos, sedición, conspiración, instigación pública y asociación delictuosa, subrayó el jurista.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó el 10 de noviembre a “tumbar” al Gobierno de Luis Arce y a asumir en general acciones de desestabilización contra el país.
Según medios locales, también organizó bloqueos y otras acciones alrededor del receso laboral, junto a los llamados “grupos cívicos” de Santa Cruz y Potosí, para rechazar la Ley 1386 sobre ganancias ilícitas por, supuestamente, lesionar sus intereses.
Calvo fue, junto a su colega opositor y gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, uno de los principales instigadores del paro emprendido el 8 de noviembre, que causó graves afectaciones económicas, sociales y sanitarias.
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