Un tribunal de la noramazónica ciudad de Bagua determinó que los nativos acusados no son responsables de la muerte de los policías retenidos por los amazónicos en una cercana estación de un oleoducto, dentro de la protesta en demanda de una ley de consulta previa sobre el uso de sus territorios ancestrales.
Según la acusación, los captores cometieron los delitos de secuestro, extorsión, arrebato de armas de uso oficial y disturbios, por lo que el fiscal del caso pidió se les condene a cadena perpetua.
Ninguno de los policías sobrevivientes reconoció a los acusados como participantes en los luctuosos sucesos registrados el 5 de junio de 2009, como secuela de la represión ordenada contra centenares de campesinos que bloqueaban un puente cercano a Bagua.
Informaciones confusas sobre lo sucedido en torno al puente, donde murieron otros 13 policías y diez civiles, habrían motivado que los nativos dieran muerte a diez de los cautivos, por las que no fueron juzgados por ello porque los retenidos no reconocieron como autores de las mismas a ninguno de los acusados.
En cuando a los otros cargos, el tribunal aplicó normas internacionales sobre los pueblos indígenas referidas al tratamiento de conflictos sobre territorios nativos y reconoció que el gobierno del neoliberal Alan García, emitió decretos contra los derechos de los nativos, ante lo cual estos reaccionaron con la protesta.
Los luctuosos sucesos de Bagua dieron pie al debate y aprobación, bajo el siguiente gobierno de Ollanta Humala (2011-16) de la ley de consulta previa a los pueblos originarios sobre proyectos en sus territorios, aunque su eficacia requiere de precisiones pendientes.
El abogado de los acusados, Juan José Quispe, consideró lamentables que la fiscalía y la procuraduría hayan planteado un recurso de nulidad de la sentencia absolutoria y dijo que durante el largo proceso murieron cuatro de los imputados.
El principal acusado fue el entonces presidente de la Asociación Interétenica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pese a que al ocurrir los sucesos estaba en Lima y tras estos tuvo que asilarse en la embajada de Nicaragua y viajar a ese país.
Recuentos del caso señalan que la represión contra los bloqueadores del puente de Bagua fue ordenada por el Gobierno solo como escarmiento, pues los manifestantes habían informado un día antes la decisión de retirarse y continuar la lucha en sus pueblos.
msm/mrs
