La dimisión del ejecutivo municipal Felix Delgado Montalvo, de 40 años, se produjo a la medianoche del martes, luego de intensas especulaciones en torno a su arresto por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ante irregularidades en el uso de fondos aportados por el gobierno de Estados Unidos.
El gobernador puertorriqueño, Pedro R. Pierluisi, aseguró que le sorprendió la renuncia de Delgado Montalvo, quien en una carta pública pidió perdón al pueblo de Cataño, municipio con gran potencial de desarrollo turístico por ubicar en el lado sur de la bahía capitalina, frente al Viejo San Juan.
El detonador que puso fin a su ascendente carrera política es un contrato con la empresa Waste Collection, que hasta hace unos días presidió el abogado Oscar Santamaría, de origen colombiano con estrechos vínculos con el PNP, que impulsa la anexión plena de Puerto Rico a la nación norteña, cuyo dominio colonial llega a 123 años.
Al parecer, al menos media docena de alcaldes del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD), que controla la Asamblea Legislativa puertorriqueña, han sido señalados por ejecutivos vinculados a la compañía Waste Collection, de la que Santamaría se separó hace varias semanas en medio de la pesquisa del FBI.
Waste Collection ha recibido más de 117 mil millones de dólares en contratos, entre 2013 a 2021, con al menos 16 ayuntamientos y con agencias del Gobierno de Puerto Rico.
El senador Thomas Rivera Schatz, vicepresidente del PNP, calificó de “una burla al Código Anticorrupción” que cambiaran los ejecutivos de la empresa de manejo de desperdicios sólidos en medio de la investigación.
Santamaría fue reemplazado como presidente en el registro de empresas del Departamento de Estado de Puerto Rico el también abogado Luis Mayoral.
Para Rivera Schatz, ese cambio de oficiales y el nuevo registro de la corporación Waste Collection no es una movida de relaciones públicas o lavado de cara motivado por la pulcritud o el servicio público, sino una acción jurídica para burlar el Código Anticorrupción, que obligaría a la cancelación de contratos gubernamentales.
Santamaría es considerado cercano a diputados del PNP, habiendo representado en el pasado cuatrienio a la Cámara y su entonces presidente Carlos Johnny Méndez Núñez ante la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
El exalcalde Javier Carrasquillo, señalado como investigado por el FBI es actualmente asesor del gobernador Pierluisi, luego de perder la reelección por la alcaldía de Cidra (centro), ya que dos semanas después de su derrota en noviembre de 2020 firmó un nuevo contrato por 30 millones de dólares con Waste Collection por diez años.
Cancelado por el actual ejecutivo Angel Concepción González, del PPD, la firma demandó al municipio y al alcalde en su carácter personal, en una acción que tiene como abogado a Ramón Rosario Cortés, vinculado al derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El informativo Las Noticias, de Tele11, anticipó que este asunto se extenderá a la Asamblea Legislativa, donde hay al menos dos diputados en la mira del FBI.
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