Un decreto gubernamental de 2016, que declaraba una situación de crisis debido a la inmigración masiva, se amplió el pasado 27 de febrero, a pesar de verificarse una disminución de 75 por ciento en la llegada de migrantes a la Unión Europea (UE), incluida Hungría, de 373 mil a 95 mil.
Desde 2016 las autoridades húngaras expulsaron por la fuerza a más de 71 mil personas, pues las autoridades autorizaron a la policía expeler automática y sumariamente a cualquier persona interceptada por entrada y estancia irregular.
‘Instamos al gobierno de Hungría a que retire estas disposiciones legislativas y garantice que las personas que desean solicitar protección internacional, muchas de las cuales huyen de la guerra, la violencia y la persecución, tengan acceso efectivo a su territorio y al procedimiento de asilo’, expresó la directora de la Oficina de Acnur en Europa, Pascale Moreau.
Igualmente, expresó que la institución está dispuesta a apoyar a Budapest para que revise su sistema de asilo y lo ponga en consonancia con el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos.
Los retos actuales del desplazamiento forzoso requieren respuestas globales y regionales, con espíritu de solidaridad, y no iniciativas aisladas que erosionen el sistema de protección internacional, manifestó Moreau.
Este sistema, recordó, ya tiene 70 años, resiste la prueba del tiempo y de muchas situaciones de crisis y aseveró que hay una responsabilidad colectiva de salvaguardar este sistema.
En mayo de 2020, y alegando razones de enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, Budapest exigió a las personas que buscan protección internacional que primero expresaran su intención de solicitar asilo en la embajada húngara en países vecinos no pertenecientes a la UE.
‘El derecho a buscar y disfrutar del asilo es un derecho humano básico garantizado por el derecho internacional y está respaldado por el marco jurídico de la Convención sobre los Refugiados de 1951’, señala el Acnur en un comunicado.
jf/ro
