‘… pedimos una veeduría internacional que garantice transparencia y efectiva administración de justicia en éste nuevo caso que interesa, especialmente a las víctimas de los hechos criminales que involucra’, destaca el texto.
Uribe es investigado por soborno y manipulación de testigos en relación con la creación de un bloque paramilitar cuando fungía como gobernador del departamento de Antioquía (1995-1997).
Sin embargo el 5 de marzo la fiscalía colombiana, contraria a su rol, solicitó cerrar la investigación sin llegar a juicio ‘luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso’.
Los firmantes del documento, nucleados en el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), hicieron expresa su preocupación compartida por la comunidad internacional ante el rumbo del proceso y sus implicaciones, en especial por los delitos cometidos por los grupos paramilitares.
Clajud también mostró preocupación por la manera en que Uribe busca librarse de las consecuencias al recordar que en agosto de 2019 renunció a su curul en el senado para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Entonces el caso pasó a la justicia ordinaria que desconoció la información recopilada por la Corte Suprema tras seis años de investigaciones.
La declaración además aplaude la conducta del senador Iván Cepeda, principal demandante contra el expresidente Uribe y para el que piden a las autoridades protección a su integridad personal.
Entre los más de 20 firmantes del texto están el extitular de Justicia de Brasil José Eduardo Cardozo, el jurista español Baltasar Garzón, el expresidente de Colombia Ernesto Samper y el excanciller de Ecuador Guillaume Long.
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