Budapest se suma así a una acción similar de la Justicia de Polonia, nación cuestionada también por la UE por temas relativos al derecho a la libre expresión y al accionar de jueces y magistrados.
La sentencia establece que, en el caso de contravenciones que involucren la jurisdicción nacional y la comunitaria, este país tiene la opción de no aplicar dictámenes del Tribunal de Justicia del bloque (TUE) si considera que pueden suponer un riesgo para su soberanía.
El TUE condenó un año atrás al gobierno de Viktor Orban por lo que consideró una violación de los derechos de los solicitantes de asilo, debido a la retención indefinida de migrantes en la frontera de este país con Serbia.
Según la UE la Justicia comunitaria prima sobre la nacional y romper esta jerarquía implica también transgredir uno de los pilares básicos en los que se sustenta la alianza.
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