Solo tres días después de ser derrotados al rechazar el Parlamento debatir una moción de vacancia (dimisión), los grupos que la promovieron lograron aprobar el pedido de facultades de investigación en la comisión de Fiscalización.
El acuerdo fue producto de una estrecha mayoría en la cual la derecha extrema sumó el apoyo de grupos de centro, con ocho votos a favor sobre seis en contra y una abstención.
Los legisladores de izquierda argumentaron para oponerse que el caso de las citas del mandatario está ya en manos del Ministerio Público y dar las citadas facultades a la comisión solo duplicaría la labor iniciada por los fiscales.
El presidente del grupo de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, alegó que las facultades son necesarias para obligar a declarar a los investigados y testigos, pues de 10 citados para hoy, solo asistieron tres.
Aguinaga pertenece a la bancada Fuerza Popular, parte del bloque de extrema derecha que intentó destituir al presidente Castillo y que integran además Renovación Popular y Avanza País.
La solicitud aprobada será sometida al pleno congresal, para que decida si otorga o no las facultades pedidas.
Si el pleno las aprobara esas atribuciones, la investigación no debería ser dirigida por Aguinaga, un vehemente opositor, porque no garantiza que las pesquisas sean objetivas.
Recordó que Aguinaga, de Fuerza Popular, es investigado por las esterilizaciones forzosas y masivas de mujeres pobres e indígenas bajo el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), del que fue ministro de Salud y el pasado martes votó por debatir la vacancia de Castilo en términos de animadversión al mandatario.
El legislador Wilmar Herrera, vocero de la bancada centrista Somos Perú e integrante de la comisión de Fiscalización, estuvo de acuerdo en que la investigación sea dirigida por otro parlamentario
En la reunión de hoy, varios congresistas manifestaron la intención de interrogar al presidente Castillo, lo cual, por su rango, solo puede ser convocado en calidad de testigo y tiene derecho a elegir el lugar en el cual hará la declaración.
El mandatario, de otro lado, fue considerado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como testigo en la investigación preliminar abierta al exministro de Defensa, Walter Ayala, y al exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, por presunto tráfico de influencias, al gestionar el ascenso a general de varios oficiales militares.
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