Ali Hassan Khalil, quien rechazó una citación para ser interrogado sobre el caso.
La pesquisa sobre la catástrofe reanudó su curso el miércoles último, tras dos meses de pausa por demandas legales interpuestas por Khalil y otros extitulares de carteras y funcionarios de alto rango llamados a declarar.
Bitar exigió el arresto inmediato de Khalil, considerado la mano derecha del presidente del Parlamento, Nabih Berri, quien encabeza el partido movimiento Amal.
Con anterioridad, el director general de las Fuerzas de Seguridad Interior, el mayor general Imad Othman, eludió cumplir una orden similar para lo cual evocó un artículo constitucional.
“Esa negativa constituyó un precedente peligroso contrario a las decisiones judiciales”, refirió una fuente sin identificar al sitio Naharnet.
En un país donde los líderes políticos determinan los nombramientos judiciales, incluso en los tribunales superiores, hay pocas posibilidades de procesos contra la élite gobernante, remarcó el medio noticioso.
La determinación de Bitar de interrogar a exfuncionarios de alto nivel le ganó respeto en las familias de las víctimas de la explosión, pero el rechazo de Hizbulah y Amal que califican de parcial y politizada la gestión del jurista.
Desde octubre último los ministros de esas dos facciones políticas boicotean al Gobierno que no puede sesionar ante la falta de quorum.
Esos dos partidos exigen la puesta en marcha de un tribunal especial integrado por diputados para juzgar a los exministros o exfuncionarios de alto rango.
La explosión en el puerto beirutí el 4 de agosto de 2020 mató a 216 personas, hirió a más de seis mil 500, destruyó de manera parcial o total las viviendas de 300 mil.
El siniestro lo originó la ignición de miles de toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante con características explosivas, que estuvo mal almacenado y cuidado en un muelle desde 2014.
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