El miércoles 8 la Corte Electoral proclamó el conteo de 671 mil 631 firmas de ciudadanos requeridas constitucionalmente para convocar a las urnas, un 25 por ciento del padrón de votantes uruguayos.
Aplausos espontáneos prorrumpieron entre el personal a cargo de la validación de las boletas al llegar al número final necesario, para lo que fueron entregada casi 800 mil adhesiones el 9 de julio, todas recolectadas durante escasos meses por organizaciones sociales integrantes de la Comisión Pro referendo.
La autoridad arbitral anunció además que el ejercicio del sufragio tendrá lugar el 27 de marzo venidero, con una boleta a depositar, de color rosado por el SI y la de color celeste por el NO y en consecuencia dejar intacta la LUC.
Sin embargo, esta última asignación fue impugnada por los promotores del referendo, con el criterio de que se trata de un símbolo nacional extensible a la selección futbolística que potencialmente favorece a la parte que identifica.
El presidente de la central sindical Pit-Cnt, Marcelo Abdala, opinó que esta elección de colores “flecha la cancha” porque “cuando juega la selección todos cantamos soy celeste”, y lo calificó de “triquiñuela” y por eso se presentó recurso de reclamo.
La semana abrió con las elecciones internas del Frente Amplio que transcurrieron con normalidad y una afluencia de casi 130 mil militantes y adherente que supero a los cuatro mil participantes en el proceso precedente en 2016.
Tres son los candidatos para ocupar la presidencia: el exdirigente sindical Fernando Pereira, el secretario general del Partido Socialista y diputado Gonzalo Civila y la exsenadora Ivonne Passada.
Los comicios, que proseguirán para residentes en el exterior, hasta el 15 de diciembre, abarcan además las presidencias de los 19 departamentos del país y las listas de sectores y candidatos a los correspondientes plenarios.
Primeros planos ocupó también el rechazo a un proyecto de ley del partido oficialista Cabildo Abierto de otorgar prisión domiciliaria a más de 20 represores de la dictadura encarcelados por cometer graves delitos de lesa humanidad.
Delegaciones de la sociedad civil, diversas organizaciones y juristas que se pronunciaron en contra en el parlamento condujeron a los partidos en coalición, Nacional y Colorado, a postergar la discusión de la propuesta cabildante hasta después del referendo.
El colectivo uruguayo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) y otras organizaciones movilizaron una marea humana en marcha para repudiar en calles de Montevideo, la tentativa de beneficiar a comprobados terroristas de Estado.
La proclama leída recordó, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, que ese proyecto de ley contraviene abiertamente el marco jurídico y los compromisos a los que libremente se adhiere el Estado uruguayo.
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