Precisó que la evasión (no pago) y la elusión (maniobras para evitar o reducir el pago) equivalen al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reforma planteada por el gobierno apunta a reducir esas prácticas.
Añadió que los infractores falsifican comprobantes de gastos o transfieren sus rentas al exterior, para incumplir sus obligaciones.
Según el ministro, una de las argucias empresariales más comunes es la presentación de comprobantes de gastos falsos, para elevar los costos y no declarar ganancias por las que deben tributar.
Ante tal situación, planteó que no se acepten comprobantes emitidos por inexistentes ventas de empresas de fachada, sin personal registrado.
Informó además que el traslado de utilidades a otros países con maniobras ilegales, priva a la nación del cobro de impuestos por un estimado de dos a cuatro por ciento del PIB.
Francke agregó los casos de elusión tributaria mediante reclamos judiciales, sobre todo de grandes empresas, que mantienen congeladas deudas cuantiosas por años mediante constantes apelaciones.
Este último un recurso ante el cual planteó la necesidad de mayor fiscalización y mayor celeridad de los fallos judiciales.
Al respecto, otras voces plantean que el pago de la deuda sea condición para poder impugnarla, como sucede con las de usuarios de servicios básicos como electricidad, agua y telefonía.
El ministro planteó el problema al insistir en que el Parlamento otorgue al Gobierno facultades legislativas extraordinarias para una reforma tributaria integral, a lo que se resisten sectores empresariales y parlamentarios.
Según Francke, la reforma es necesaria para mejorar la recaudación de impuestos, una de las más bajas de América Latina y contar con más recursos para la mejora de servicios esenciales como la salud, la educación y la agricultura.
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