La norma fue aprobada esta semana pese a la oposición de las bancadas de izquierda y algunos legisladores de centro, que señalaron que la ley, dictada para blindar a la constitución neoliberal vigente, es contraria a los derechos ciudadanos.
“Se puede estar a favor o en contra de cambiar la Constitución, pero no se puede negar el poder constituyente del pueblo soberano ni su derecho a promover un referéndum”, comentó la presidenta del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza.
Agregó que “el Congreso le ha arrebatado ese derecho a la ciudadanía” frente al deseo de amplios sectores de la población de reemplazar la carta magna neoliberal de 1993, que privilegia intereses privados y en especial transnacionales.
Para el secretario general del partido gobernante, Perú Libre, Vladimir Cerrón, la cuestionada norma, al impedir el referendo sobre un cambio de constitución, le quita al pueblo peruano “su legítimo derecho de proyectar su futuro tras el consenso social.
El exconsejero presidencial Alberto Adrianzén, declaró que la derecha está avanzando a dar “un golpe de Estado contra la democracia al arrebatarle al pueblo, es decir al soberano, su derecho al referéndum y a tener otra Constitución”.
Explicó que la mayoría parlamentaria pretende reemplazar al presidente Castillo y a los jueces del Tribunal Constitucional y para ello se propone romper las reglas esenciales de la democracia, cuya definición es el gobierno del pueblo.
“Estamos presenciando un intento de refundar ilegalmente el neoliberalismo y el fujimorismo luego de la derrota electoral de la derecha y las mafias”, dijo en referencia al fracaso, la semana pasada, de una moción de vacancia (destitución) de Castillo.
El conocido jurista Carlos Rivera declaró que la decisión del congreso “no solo es un acto de prepotencia inaceptable en una democracia, sino que constituye una aberración para el derecho constitucional; es una resolución inconstitucional”.
El Partido Comunista-Patria Roja, a su vez, calificó la norma aprobada por el Congreso como un zarpazo autoritario” al establecer que un referendo para convocar a una asamblea constituyente no procede si el Parlamento no lo ha aprobado previamente.
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