La apelación promovida por el congresista de izquierda Guillermo Bermejo y firmada por otros 11 legisladores, fue acogida por el juez John Paredes y establece que solo puede someterse a una consulta ciudadana una reforma constitucional si esta fue aprobada previamente por el Parlamento.
El recurso presentado argumenta que la norma afecta el derecho de participación ciudadana, además que no siguió el procedimiento de reforma constitucional requerido para modificar una norma de la Carta Magna.
El reclamo agrega que la ley aprobada vulnera la capacidad de la ciudadanía de controlar las medidas del Gobierno o el Congreso a través de un pronunciamiento directo.
La norma bloquea la recogida de firmas a favor de un referendo promovida por Bermejo, en el que la población manifestaría si quiere o no una nueva Constitución.
Ante esa campaña, un grupo de elementos de extrema derecha realiza una similar con grandes recursos y con el objetivo contrario.
La nueva ley motivó el rechazo de dirigentes políticos y legisladores progresistas y también de juristas como el constitucionalista Pedro Grandez, quien señaló que es injustificable la violación del derecho de los ciudadanos.
El camino correcto, añadió Grandez, es una reforma constitucional, que requeriría ser aprobada en dos legislaturas y cada vez con la aprobación de dos tercios de los 130 miembros del Parlamento, algo imposible por la composición de este.
El jurista Jorge Jáuregui, exvocero del Jurado Nacional de Elecciones, dijo que la ley aprobada contradice a la Carta Magna y coincidió con Grandez en que podría ser anulada por el Tribunal Constitucional.
gas/mrs
