La senadora de Unión Patriótica Aída Avella, aseguró que la normativa viola el punto de la Constitución el cual señala que Colombia es un Estados social de derecho y pone por encima de la vida humana la propiedad privada al redefinir el concepto de proporcionalidad para dar licencia para matar.
«Con presunción de legalidad también hace modificaciones a la legislación actual para que la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza públi», subrayó Avella.
«Entonces en qué quedamos: ¿aquí se cumple la constitución o se la lleva por encima desde el artículo primero?», preguntó la congresista en la sesión de este martes donde la mayoría oficialista aprobó la cuestionada ley.
Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, la normativa que pasará a sanción presidencial, busca dar «mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad».
Para el senador Iván Cepeda, de Polo Democrático Alternativo esta ley es «un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno».
Señaló que junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que «constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social».
La semana pasada, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la violencia policial contra manifestantes durante el paro nacional reveló en un informe que 46 personas murieron en el contexto de las movilizaciones del paro nacional contra el gobierno.
Detalló que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las protestas y el 76 por ciento de las muertes se debieron a heridas de bala.
Según la investigación, al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y otras 10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales.
El estudio da cuenta que la Policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.
Acota que a las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
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