Como parte de una demanda contra el Estado por presunta responsabilidad en su ‘destitución arbitraria’, la jurista participó ayer en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde explicó las exigencias del entonces gobernante para que el Ministerio Público actuara a su conveniencia política.
Me solicitó ‘el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal de Drogas, José Abel Almengor, en ese momento, al Consejo de Seguridad (CSN), para que él le pudiera transmitir a la Embajada de Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público, en este caso autorizadas por mí’, afirmó según el diario La Prensa.
Martinelli quería algún expresidente preso, ‘particularmente me llamó no menos de siete veces un mismo día para que metiera preso al expresidente (Ernesto) Pérez Balladares’, explicó Gómez, quien aseguró que al negarse en los dos anteriores casos, recibió presiones del entonces vicepresidente Juan Carlos Varela (presidente 2014-2019) y del CSN.
‘Me vinieron a pedir la renuncia en mi propia casa, y le dije: usted me mata o yo me muero o usted me inventa un caso. Y eso fue lo que hizo. Dice mi esposo ‘gracias a Dios no te mató’, porque definitivamente lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público’, reveló.
Gómez y la Cancillería panameña acordaron iniciar un proceso de solución amistosa con acompañamiento de la CIDH, porque considera que le fueron violentadas sus garantías judiciales y afectó el principio de independencia por el cual fue arbitrariamente separada de sus funciones, informó el diario La Estrella de Panamá.
La profesional aseguró que tal injusticia, la cual incluyó una sanción de cárcel impuesta por la Corte Suprema de Justicia, afectó su carrera durante los últimos 11 años, porque crearon un expediente en el cual la acusan de autorizar escuchas telefónicas en 2005, pero aseguró que eso nunca ocurrió.
El organismo regional dio tres meses al Estado panameño para que por escrito responda con hoja de ruta a los pedidos realizados por Gómez, quien solicitó el reconocimiento de responsabilidad del gobierno, borrar las consecuencias surgidas de la condena penal y la CIDH dictaminó que en ese mismo plazo deben implementar la decisión, según el periódico.
Durante la audiencia, la exprocuradora explicó que su reclamo contra el Estado panameño lo hace ‘porque es importante que en mi país la institucionalidad se fortalezca… Que nunca más en mi país, un operador de justicia se atreva a convertir el capricho de un presidente en una sentencia’.
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