La magistrada culminó dos años al frente del TC y entregó el cargo al juez Augusto Ferrero, con un saldo de modernización y apertura de la corte a la sociedad y medidas inclusivas como traducir al quechua (idioma andino) comunicaciones y documentos de la entidad.
Al referirse a la pandemia que desde marzo de 2021 ha dejado una estela de más de 200 mil muertes en Perú, dijo que “nos reveló cómo el derecho a la salud, entregado a los apetitos del mercado significó literalmente la condena a muerte de muchos peruanos”.
Ledesma advirtió que las sentencias del TC pueden ser realmente revolucionarias en favor de la vigencia de los derechos humanos, pero sin políticas con un verdadero enfoque de derechos, “la mayoría de valores proyectados desde la constitución quedarán como meras aspiraciones o anhelos”.
Añadió que mientras en naciones que han cubierto las necesidades de sus poblaciones se debate sobre nuevos derechos, “en nuestro país los derechos esenciales o básicos, como la salud y la educación, siguen esperando por políticas que dejen de hacerlos ver como un privilegio de los pocos”.
“La educación no puede ser una mercancía ni la universidad un negocio”, advirtió.
La jueza se pronunció contra el razonamiento egoísta que en nombre del negocio hace del acceso a la educación y a la salud una verdadera subasta.
“La mano invisible del mercado, que en realidad nunca es invisible, no asegura el bienestar colectivo ni desaparece las inequidades”, manifestó, contradiciendo la prédica de políticos y economistas neoliberales.
Dijo que el mercado es bueno, es sinónimo de progreso, siempre y cuando tenga una supervisión suficiente, rigurosa, efectiva, a fin de materializar los derechos en el mercado.
Mencionó por otra parte como tarea pendiente del TC precisar los alcances de la causal constitucional de incapacidad moral permanente para la vacancia (cese) de un presidente, precisión que contribuirá a la estabilidad política y social.
La medida fue aplicada en noviembre de 2020 al entonces presidente Martín Vizcarra, quien ante un intento fallido previo pidió al TC que defina y acote la causal imprecisa de incapacidad moral, a lo que la mayoría de la corte se negó.
La jueza se pronunció por la transparencia en el ejercicio del poder. “Basta ya de secretismos, de actos reservados, entre cuatro paredes; no hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espalda o a escondidas de este”, expresó.
El nuevo presidente de la corte, Augusto Ferrero, expresó a su vez profunda preocupación por la creciente tensión política y polarización que el país vive desde hace varios años y planteó el diálogo como camino de solución.
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