“Se están vulnerando derechos de los operadores de justicia y se está poniendo en riesgo la labor de los señores jueces que tienen que cumplir una función conforme a la Constitución y al derecho”, aseguró Torres en relación con denuncias recibidas por parte de esos letrados.
Recordó ante representantes de medios de prensa que el Órgano Judicial es independiente no sólo ante las otras estructuras del Estado, sino también en la función que cumple, la cual debe estar exenta de cualquier tipo de amedrentamiento y presión.
La autoridad judicial salió así al paso a publicaciones recientes de políticos y exautoridades con ataques a los encargados de impartir la justicia, incluso con imágenes.
Comentó que si algún litigante está en desacuerdo con las resoluciones judiciales tiene derecho de impugnarlas sobre la base de la Constitución, como garantiza la Ley de Leyes sin necesidad de recurrir a amedrentamientos.
Por su parte, Molina criticó los ataques contra las autoridades judiciales que se difunden en diferentes publicaciones y redes sociales.
“Esta expresión mediática atenta contra la integridad y dignidad de los servidores judiciales que no solamente están en calidad de servidores públicos”, sostuvo el magistrado.
Describió que se trata de padres, madres, hermanos, esposas, esposos e hijos, que tienen el cuidado y el deber del Estado para velar su dignidad, decoro y, también, la integridad social y su imagen pública.
La ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez asumió este jueves en Twitter el rol de “víctima” y con una galería de fotos acusó a quienes supuestamente la enjuiciarán a partir de la próxima semana.
“Mensaje a la Comunidad Internacional: Aquí están! Los que me sentenciarán, a la 2da. Presidenta constitucional mujer de Bolivia. Me juzgan sin valorar verdades sino obedecer a la élite masista. Comunidad Internacional, recuérdenlos, ellos deben responder ante estrados mundiales”, escribió en un tuit la política encumbrada tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
El texto con las fotos y los nombres de dos fiscales, el subprocurador del país, seis jueces y tres vocales fue la primera reacción de la acusada en el caso conocido como Golpe de Estado II ante el anuncio de que el proceso oral y contradictorio comenzará la próxima semana.
La causa se le sigue por la toma del control del Senado y posteriormente la Presidencia de Bolivia sin seguir los procedimientos constitucionales y el Reglamento de Debates de la cámara alta, que otorga ese derecho a la mayoría parlamentaria, en ese caso el Movimiento al Socialismo, informó la víspera el Ministerio de Gobierno.
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