La nueva legislación, publicada en el diario oficial Le Monitor, ofrece al presidente, Jovenel Moïse, la potestad de tomar medidas urgentes que permitan restaurar la normalidad tras hechos violentos y garantice las libertades individuales.
‘El propósito de este decreto es proteger a las personas y la propiedad en caso de un desastre natural, ataque terrorista o violación grave del orden público desafiando las fuerzas del orden y poniendo en peligro la seguridad nacional’, se lee en la ordenanza.
Señala, asimismo, que durante el estado de emergencia se aplica un régimen restrictivo a determinadas libertades fundamentales y ofrece poderes excepcionales al Estado.
La ley considera atentado terrorista la perpetración de actos de violencia indiscriminada, dirigidos a poner en peligro la vida y la integridad del público o las propiedades, cometidos por personas o grupos con el propósito de crear un clima inseguro, chantajear al Gobierno, satisfacer el odio hacia un país, comunidad o persona, tomar el poder o derrocar al Gobierno, entre otros.
Su aplicación será válida por un periodo de un mes, y luego puede renovarse otros 30 días. Más allá de ese tiempo precisa aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento).
El cuerpo de texto estipula que durante su implementación el Gobierno está facultado para actuar en virtud de la ley y adoptar todas las medidas que considera útiles, incluido un llamamiento a la solidaridad internacional, que debe realizarse de acuerdo con las normas del derecho internacional y nacional.
La modificación ocurre en medio de la creciente inseguridad que experimenta Haití, con la multiplicación de bandas armadas, y el fracaso de la última operación antipandillas de la Policía en un barrio vulnerable de esta capital, que costó la vida a cuatro agentes e hirió a otros ocho.
Sin embargo, expertos alertan que esta ley otorga más poder al presidente Moïse, acusado por la oposición y plataformas sociales de autoritario, tras la adopción de los decretos sobre la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia o la jubilación forzada de varios jueces supremos.
Las fuerzas contestatarias, por su parte, señalan que el mandato constitucional de Moïse venció en febrero pasado, por lo cual las recientes medidas son ilegítimas.
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