Voceros de bancadas de extrema derecha y aliadas adelantaron la decisión de ratificar la ley que somete a la autorización del Congreso de la República los referendos por iniciativa ciudadana sobre reformas constitucionales.
Dicha normativa es criticada por el Gobierno por atentar contra el derecho de participación política.
“Por supuesto que planteamos que la ley aprobada por el Legislativo se apruebe por insistencia”, declaró el vocero de la agrupación de extrema derecha Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra, sobre la potestad de ese organismo de acoger las acotaciones del Ejecutivo o descartarlas y poner en vigencia la norma.
Los estatutos forman parte de los esfuerzos por impedir un referendo sobre la necesidad de una nueva Constitución y la convocatoria a una comisión que apruebe una nueva Carta Marga en lugar de la neoliberal vigente desde 1993.
La iniciativa es promovida por sectores progresistas y la ley fue aprobada para cerrarle el paso, pese a que el Gobierno se abstiene de actuar en pro de la iniciativa para evitar conflictos.
De otro lado, la primera ministra Mirtha Vásquez lamentó la aprobación, ayer, de la interpelación al ministro del Ambiente Rubén Ramírez, que se sumó a la decidida previamente para el titular de Energía y Minas Eduardo González.
Ambos serán interpelados por la acusación de contratar funcionarios supuestamente no calificados, con el riesgo de ser censurados (virtual destitución), algo que ocurrió recientemente con el titular de Educación Carlos Gallardo.
Vásquez criticó el hecho que el Congreso use como un recurso ordinario mecanismos como la interpelación y la censura, que son herramientas de último ratio, cuando tiene una gama de otras opciones como los informes o declaraciones ante comisiones.
Agregó que las interpelaciones y censuras generan inestabilidad y “el país necesita atención a problemas urgentes como la educación, la salud y los conflictos sociales”, entre otros.
“Centrémonos en ello, por favor, y no creemos más escenarios de confrontación. Hagamos un esfuerzo por un trabajo conjunto” entre el Ejecutivo y el Legislativo, agregó.
Como contexto de las desavenencias, persiste una campaña política y mediática de acusaciones al presidente Pedro Castillo y su Gobierno, por disímiles temas, y presiones para que la renovación del gabinete ministerial anunciada por el mandatario incluya la designación de titulares derechistas.
Voceros de extrema derecha manifestaron abiertamente la intención de censurar uno por uno a los ministros, tras fracasar el mes pasado una moción para vacar (destituir) al presidente Castillo.
gas/mrs
