“En el caso del señor Arturo Murillo, éste se ha declarado no culpable el 8 de diciembre del año pasado, a pedido, y ahora se confirma que esta solicitud va a ser acompañada por la Fiscalía del Estado de Florida de los Estados Unidos para que se postergue el juicio durante 120 días”, aseguró Wilfredo Chávez, procurador general de Bolivia.
Precisó el representante del sistema de justicia del Estado Plurinacional que la audiencia fue fijada para el 23 de mayo del año en curso.
Según Chávez, el rostro más visible de la represión durante el Ejecutivo impuesto tras el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales tiene la oportunidad de declararse culpable hasta el segundo día de mayo para no comparecer en un proceso con jurados.
Explicó el Procurador que la audiencia fue suspendida a tenor de que en el país del Norte existe un procedimiento de “discreción” del juez cuando se trata de un caso considerado “complejo”.
La vista estaba programada inicialmente para el 18 de enero, sin embargo, el abogado defensor pidió más tiempo para preparar su alegato, lo cual fue aceptado.
Chávez explicó a la prensa que la audiencia de sentencia de los otros imputados en el mismo caso: Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Phillip Lichtenfeld, autodeclarados culpables con anteriridad, está prevista para el 25 de febrero; sin embargo, puede quedar postergada hasta mayo en vista de la situación de Murillo, el principal inculpado.
Al frente del Ministerio de Gobierno (Interior) tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, Murillo compró a la empresa Cóndor un lote de gases antidisturbios para la Policía, pero se presume que esa operación se efectuó con sobreprecio superior a los dos millones 300 mil dólares a través de la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC.
Prófugo de su país, el extitular de facto permanece recluido desde mayo de 2021 en la Prisión Federal de Miami en condición de acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de lavado de dinero y de recibir sobornos.
En Bolivia, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó este jueves una acusación formal contra Murillo, el exministro de facto de Defensa Fernando López y otros siete implicados en la compra ilícita de los gases.
El representante del Ministerio Público afirmó que los encartados incurrieron en los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares.
Añadió Lanchipa que por esas irregularidades que provocaron al país un daño equivalente a más de dos millones de dólares se solicita la pena máxima, consistente en 10 años de prisión, de acuerdo con la legislación boliviana.
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