El titular de la comisión, Jorge Montoya, de Renovación Popular (RP), dijo que, pese a un dictamen que archivó una denuncia sobre denuncias de falsificación de firmas de miembros de mesas de votación, el grupo congresal se propone, además, elaborar modificaciones a la ley electoral.
La supuesta falsificación, base de la narrativa de fraude de la candidata neoliberal Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), grupo aliado a RP, fue descartada en los casos de las localidades de Huari, Moyobamba, Tacabamba, Mariano Melgar y Sicuani. Quedaron pendientes de descarte algunos otros análogos cuyo archivo es inminente, sobre un total de centenares de casos que, según FP habían inclinado el resultado del balotaje a favor de Pedro Castillo y contra Fujimori.
“Simplemente, vamos a preparar el informe que va a salir al término de la investigación (en septiembre próximo) y estamos trabajando recomendaciones para modificar el tema electoral”, declaró Montoya.
La corriente que integra el legislador logró hacer aprobar por el pleno parlamentario una reforma legal que elimina la obligatoriedad de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea el delegado del Poder Judicial y dispone que los miembros de la corte elijan a su titular.
El cambio tiene que ver con la animadversión de la derecha extrema al actual presidente del JNE, Jorge Salas, porque no cedió a su exigencia de hacer una auditoría a los resultados y defendió al jurado como instancia jurisdiccional única e inapelable en asuntos electorales.
La posición anunciada por Montoya contradice opiniones de analistas políticos como Katherine Zegarra, quien señaló que tras el dictamen citado, la comisión investigadora no tiene sentido y debe disolverse.
Alonso Cárdenas, politólogo, aseveró que la comisión fue creada por “un capricho de un grupo de poder que no quería reconocer los resultados de las elecciones” y el asunto quedó definitivamente zanjado.
Sobre las modificaciones legales que pretende Montoya, Cárdenas señaló que seguramente se trata de medidas que en el futuro faciliten actitudes de irrespeto a las decisiones democráticas”.
Salas no pudo ocultar su satisfacción por la decisión del Ministerio Público, porque “nosotros siempre rechazamos las versiones de fraude, porque teníamos la seguridad de los actos ejecutados por nuestro sistema electoral», acotó.
“La teoría malévola del fraude carecía de sustento”, dijo al saludar el dictamen de la Fiscalía, que señala que los supuestos suplantados desmintieron la supuesta falsificación de firmas.
Salas afirmó que las impugnaciones buscaban detener el proceso electoral o postergar los resultados para evitar la proclamación de quien la mayoría de la ciudadanía definió con su voto (Castillo).
Recordó el acoso de grupos violentos y otras presiones que él y otras autoridades electorales sufrieron para que dejaran de defender los resultados electorales del balojate de junio de 2019.
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