Desde octubre último el Gabinete libanés no funciona, a causa de un boicot de los ministros de Hizbulah y el movimiento Amal que reclaman la sustitución del juez a cargo de la pesquisa de la tragedia en la terminal portuaria.
Ambas formaciones políticas musulmanes chiitas alegan que el investigador principal, Tarek Bitar, actúa de manera parcial y politizada.
En días recientes, en un comunicado Hizbulah y Amal confirmaron que sus representantes asistirán a las reuniones del Ejecutivo por el bien del pueblo libanés.
La oficina de medios informativos de Miqati rechazó una supuesta coordinación del jefe del Gobierno con las familias de las víctimas para presentar demandas contra Bitar.
El texto desmiente tal acuerdo y enfatiza en la neutralidad del primer ministro sobre un caso que compete al poder judicial.
Aún se espera por una decisión del Consejo Judicial Superior sobre cuál jurado examinará querellas de los exministros del Interior Nouhad Machnouk, de Finanzas Ali Hassan Khalil y de Obras Públicas Ghazi Zoaiter para eludir citaciones de la justicia.
Bitar suspendió en repetidas ocasiones la investigación por demandas de Machnouk, Khalil y Zoaiter, quienes solo aceptarían presentarse a declarar ante un jurado especial designado por el Parlamento.
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