El experto en la materia citó el informe “La Sombra del Petróleo”, mientras el portal periodístico Convoca anotó que hubo otros 14 durante la pandemia de Covid-19, llegada al país en marzo de 2020.
Explicó que lo gastado por las empresas responsables en remediación de daños y compensaciones e indemnizaciones a las poblaciones afectadas, lo dedujeron en su declaración de impuestos, al igual que los montos de las multas y otras sanciones.
Es decir que, al reducirse los tributos recibidos el Estado pagó buena parte del costo de los derrames y lo mismo ocurrirá con el reciente, que contaminó las playas y caletas del norte de la costa de la capital peruana, y cuyo desplazamiento afecta una gran extensión de mar y reservas protegidas.
“Al margen de los enormes impactos que los derrames generan a los ecosistemas y a las poblaciones vecinas, los gastos de remediación de los daños ambientales tienen el beneficio de ser deducibles de la base imponible del impuesto a la renta que pagan las empresas”, comentó el especialista.
De otro lado, la excandidata presidencial progresista Verónika Mendoza lamentó que el reciente derrame no sea un caso aislado y que casi todos los de las dos últimas décadas se produjeron en la Amazonía y muchos no han sido adecuadamente remediados ni se ha indemnizado a las poblaciones afectadas.
Por ello, agregó, hay que estar vigilantes para que se acelere la limpieza y remediación del área afectada por el último derrame y se determine las responsabilidades de instituciones públicas como privadas, esto último en referencia a la transnacional Repsol, protagonista del mismo.
Según Mendoza, es inaceptable que Repsol haya informado inicialmente que se había derramado solo siete galones cuando fueron al menos seis mil barriles.
“Este desastre ecológico debe llevarnos a debatir en serio y con prontitud una transición energética hacia el uso de fuentes de energía más limpias y menos riesgosas que el petróleo, y así contribuir, además, a frenar el calentamiento global”, puntualizó Mendoza.
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