De acuerdo con el vicepresidente del Consejo Electoral Nacional (CEN), Tomás Amarán Díaz, más allá de ineficiencias detectadas, el ejercicio formó parte de las acciones organizativas y de capacitación previstas, y “se confirma que estamos en condiciones de iniciar la consulta popular de la normativa”.
Según dijo al diario local Granma, en la prueba dinámica celebrada entre el 27 y 28 de enero participaron las 12 mil 513 comisiones electorales de circunscripción.
El vicepresidente destacó que la iniciativa del CEN tuvo lugar dada la importancia que se le otorga a la consulta por el amplio contenido del Código, la diversidad de opiniones y propuestas que se pueden realizar, así como lo novedoso de los sistemas informáticos diseñados para el procesamiento de la información.
Por ello, intervinieron todas las autoridades electorales, además de juristas seleccionados para integrar los dúos de trabajo, informáticos y el resto del personal de apoyo previsto, indicó.
Se debían crear las condiciones necesarias, similar a las que deben existir a partir del 1 de febrero para el avance del proceso, “aspecto este en el que tenemos que continuar trabajando, ya que se pusieron de manifiesto algunas limitaciones”, puntualizó.
Según el esquema diseñado, el día 27 se debían realizar los preparativos en cada consejo popular, para, desde estos lugares, agrupar a las comisiones electorales de circunscripción de su entorno y participar activamente en la confección de cien variantes no oficiales de propuestas del proyecto del Código.
Todo ello, con el fin de ejercitar su redacción, su clasificación, ubicación en el texto y su introducción en el sistema informático, señaló el vicepresidente.
De acuerdo con Amarán Díaz, la prueba permitió detectar dificultades, como la inasistencia de algunas autoridades electorales, fundamentalmente por problemas de enfermedad; limitaciones en el uso del transporte para trasladar al personal; y la deficiente clasificación,
y redacción de propuestas.
Asimismo, hubo irregularidades respecto a la preparación de algunas autoridades electorales y juristas sobre el contenido del proyecto, lo cual evidenció lo necesario de continuar capacitando a todos los participantes, acotó.
El Código de las Familias fue sometido con anterioridad a su debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), así como a una consulta con especialistas en la materia jurídica y de los organismos de la Administración Central del Estado.
Tras el análisis con los ciudadanos este año, el parlamento deberá aprobar una nueva versión, la cual será sometida a referendo popular.
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