En un encuentro con la prensa, los ministros de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, de Seguridad, Juan Manuel Pino, y los directores del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, y del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, ofrecieron estadísticas y valoraciones sobre un asunto que inquieta a la sociedad.
De acuerdo con la canciller, en 2020 Panamá, con una estrategia diplomática definida, hizo la primera convocatoria en la que participaron unos 10 países para enfrentar este flagelo y recordó que entonces las cifras de migrantes irregulares eran dramáticas.
De ocho mil migrantes en 2020, el año pasado la cifra ascendió a 134 mil. Solo en agosto de 2021, se calcula el paso por el país de dos mil 400 personas como promedio diario, y este mes de enero apenas suman 140, enfatizó.
Nuestra hoja de ruta la seguiremos muy de cerca y tiene que ver también con la acción conjunta de varios organismos y la corresponsabilidad de otros países de tránsito como Costa Rica y Colombia, y de destino, sobre todo México, Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, el ministro Pino y Ortega adelantaron la realización de la campaña «wana humaradá» -que en dialecto emberá significa «Vamos con todo»- en la peligrosa selva de Darién, en la frontera con Colombia, para enfrentar delitos asociados como el tráfico de personas, narcotráfico y el contrabando.
Pino precisó que entre las nacionalidades sobresalen venezolanos y luego los haitianos, además de otros cuatro países de América del Sur, y también africanos, asiáticos y europeos.
Añadió que hay tres alertas con ciudadanos de Egipto, México y Nigeria, vinculados al terrorismo, crimen organizado y narcotráfico y ya se trabaja de conjunto con Interpol para su deportación.
«Para el Estado y el ministerio, la seguridad fronteriza tiene prioridad, hay que resguardar nuestras fronteras, manteniendo el orden y dando el trato correspondiente a la población migratoria en tránsito por Darién», apuntó.
En relación con el paso por esa ruta, entre otras, de mayor cantidad de menores de edad, Pino confirmó a Prensa Latina que se trata de un asunto humanitario que se enfrenta.
Ello a partir de una atención esmerada de alimentación y salud para infantes arrastrados por sus familiares, asistencia que cuenta con el apoyo de Unicef y otras instituciones panameñas, agregó.
A su turno, Samaine anunció que en mayo representará a Panamá en una reunión de la Organización Internacional de la Migración en Naciones Unidas para explicar las políticas conjuntas del Ejecutivo.
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