El tratamiento del proyecto coincide con un contexto de grave crisis política agudizada con la renuncia de la primera ministra, Mirtha Vásquez, y el anuncio presidencial de una renovación de todo el gabinete.
El proyecto, promovido por congresistas de la bancada del centrista Partido Morado, amplía las causas por las que los jefes de Estado pueden ser investigados y acusados judicialmente durante su mandato.
Las vigentes causales están limitadas actualmente a los delitos de traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso, impedir el funcionamiento de los órganos electorales o la realización de comicios.
La reforma planteada agrega a esos crímenes los de pertenencia a una organización criminal, cohecho, negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La proponente del proyecto, Susel Paredes, dijo que de esa manera no será necesario apelar a la vacancia, que requiere solo la convicción subjetiva de que el presidente ha ocurrido en “incapacidad moral permanente”, por lo que se ha incurrido en abuso del mismo, al aplicarse a dos gobernantes en los últimos cuatro años.
Los partidos progresistas y otros críticos del proyecto señalan que es un atajo para allanar el camino a la defenestración de los mandatarios y la iniciativa carece de consenso inclusive entre opositores como el parlamentario neoliberal Carlos Anderson.
Anderson impugnó la legalidad de la reforma por tratarse de una legislación con nombre propio, lo cual está prohibido por ley, y señaló que el Parlamento no debe legislar por coyunturas, sino establecer reglas para el futuro.
Otras iniciativas de la extrema derecha plantean reducir el número de votos necesarios para destituir a un presidente por incapacidad, ante la exigencia actual de dos tercios de los votos, muy difícil de reunir para ese objetivo.
Una de las fórmulas para deshacerse de Castillo apunta a que, una vez investigado, el gobernante sea suspendido, lo cual, en los hechos significaría apartarlo del cargo.
El activista de derecha extrema Fernando Rospigliosi planteó que Castillo sea destituido, al igual que la vicepresidenta Dina Boluarte, y en su lugar, asuma la presidencia la conservadora titular del Parlamento, Carmen Alva.
La misma modalidad fue aplicada en 2020 al entonces gobernante Martìn Vizcarra y llevó a la presidencia a Manuel Merino, quien tuvo que renunciar unos días después, forzado por el repudio de grandes manifestaciones populares.
La opción enfrenta no solo ese antecedente, sino también el hecho de que, si bien es baja la aprobación del presidente Castillo, resulta mucho menor la del Parlamento, que tiene una desaprobación cercana al 80 por ciento.
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