La administración de Iván Duque, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo a supuestas amenazas o acciones anunciadas por el Gobierno de Nicolás Maduro “contra miembros de las fuerzas democráticas de Venezuela”, especialmente contra Guaidó, a quien Bogotá aún reconoce como presidente interino.
En tal sentido, el jefe de la diplomacia venezolana calificó estas aseveraciones de “apoyo cómplice” al sector político responsable de expoliar los recursos y activos de la nación sudamericana en el exterior.
“La solidaridad automática con estos criminales, es señal inequívoca de la naturaleza delincuencial del narcogobierno colombiano y su connivencia para apropiarse de nuestra empresa Monómeros junto al cartel del autoproclamado”, subrayó Plasencia en la plataforma comunicacional.
El canciller de Venezuela alegó que la hostilidad del gobierno del “subpresidente Duque” y su insistencia en ese callejón sin salida, sólo intenta ocultar el desastre y la falta de gobernabilidad del fallido Estado colombiano.
Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores alertó que en el vecino país las ejecuciones extrajudiciales y las masacres de líderes sociales son una realidad incontestable y perturbadora, la cual requiere de la intervención de la comunidad internacional para detener “el derrame de sangre”, aseveró.
El 23 de enero de 2019, el entonces diputado y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se autoproclamó mandatario encargado de Venezuela, con apoyo inmediato de los gobiernos de Estados Unidos y varios de sus aliados internacionales, en especial Colombia.
Ese acto de usurpación, percibido en Caracas como un intento de golpe de Estado, abrió las puertas al despojo de bienes y activos de la nación sudamericana en el exterior, valorados en miles de millones de dólares, incluida la industria petroquímica Monómeros, enclavada en territorio colombiano.
El Ministerio Público ha emprendido acciones por 25 causales contra el exdiputado por usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos.
Investigaciones en curso también lo señalan como responsable de delitos de conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación, todos violatorios del ordenamiento jurídico interno.
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