De acuerdo con lo dispuesto por el gobierno de esa nación andina mediante un decreto supremo, esa decisión responde a la Ley de Servicios Financieros de 2013, que establece que cuando las entidades financieras tengan utilidades deben aportar un determinado porcentaje a gastos sociales.
El titular de Economía Marcelo Montenegro adelantó la pasada semana que ese seis por ciento se destinará principalmente a fondos de garantía ya existentes, y que las transferencias se harán en un plazo máximo de 30 días con carácter definitivo e irrevocable.
“La finalidad es eliminar la pobreza, eliminar la exclusión económica y eliminar la exclusión social», significó.
Montenegro dijo que ese traspaso de recursos a la función social no se aplicó el año pasado con los ingresos de 2020 para que las entidades bancarias efectúen la capitalización del ciento por ciento de las utilidades, luego de un año marcado por la peor etapa de la pandemia de la Covid-19.
En 2021 la banca boliviana registró 225 millones de dólares de utilidades netas, monto que representa un incremento del 60 por ciento respecto a la gestión 2020, cuando las ganancias fueron de alrededor 140 millones, dijo el ministro.
Precisó que el fondo de garantía para los créditos de vivienda social es de 378 millones de dólares, mientras el destinado al sector productivo tiene una reserva de 261 millones, además de 30,8 millones para el fondo de capital semilla.
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