Si bien lo ocurrido en ese territorio no resulta ajeno, la crisis ocasionada desde el primer día del año provocó numerosas reacciones de preocupación y condena, entre ellas de organismos internacionales.
Incluso un equipo de la Misión de Verificación de la ONU sufrió a fines de enero un ataque en San José de Guaviare en Puerto Nuevo, departamento de Guaviare, que terminó con la incineración de dos vehículos de la comitiva que se dirigía a la zona rural del Guayabero para reunirse con comunidades locales.
Ante este escenario Prensa Latina entrevistó a Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una Organización No Gubernamental (ONG) integrada por personas que construyeron relaciones de colaboración en la permanente actividad por la paz de Colombia.
Acerca de esta exacerbada violencia, comentó que el año comenzó para Colombia con muchos hechos sangrientos, sobre todo en Arauca, y 10 masacres en varias zonas del país.
También con enfrentamientos en áreas de influencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos residuales que quedaron al margen del proceso de paz, puntualizó.
Es una situación muy crítica que amenaza con ser tan grave este año como el anterior, pero enero en relación con el mismo mes del 2021 tiene menos líderes asesinados y menos excombatientes en proceso de reincorporación, añadió.
Sin embargo, dijo, hay más masacres, más amenazas, más hostilidades y más desplazamientos, una situación muy incierta la cual muestra que en algunas zonas de Colombia, como Arauca, hay una emergencia humanitaria, aunque también en el Chocó, y en la frontera con Ecuador.
Precisó que hay algunas variables que se han desacelerado, en relación con el período inmediatamente anterior como las amenazas y los atentados a los excombatientes, no obstante, hubo un intento de atentado a una de sus sedes en Bogotá donde el Partido Comunes lanzaría su campaña electoral.
Recalcó que esa fuerza política y todas las dinámicas de los excombatientes están sometidos a una estigmatización, confinamiento, aislamiento y desplazamiento que podría calificarse de terrible y, por lo tanto, requiere un tratamiento de urgencia.
Hay 15 zonas de Colombia que tienen una situación crítica, hay alertas en el 20 por ciento de los municipios de Colombia en la actual coyuntura electoral, detalló.
ARAUCA
Lo que sucede en Arauca es una disputa por el territorio que parece. en primera instancia, un enfrentamiento entre grupos del ELN con disidencias residuales del proceso de paz, comentó.
Pero la realidad es que hay allí un problema de fronteras, porque se trata de una franja donde no solo hay grupos armados, sino que es una zona caliente porque hay muchos intereses por el tráfico de productos, petróleo y riquezas diversas, precisó González.
Aseguró que también hay intereses internacionales de por medio que azuzan y mueven fichas, operaciones encubiertas, pero sobre todo lo que está en cuestión de manera más visible es el control territorial del ELN y los exguerrilleros que abandonaron el proceso de paz.
En cuanto a la militarización del territorio con el presunto fin de detener la violencia en ese punto fronterizo, enfatizó que, “si la presencia del Estado es una operación de guerra, por supuesto la población va a sufrir más y Arauca se ha convertido ya en un teatro de operaciones de guerra”.
Las operaciones militares del Estado exacerban los conflictos y las situaciones de vulnerabilidad para la población civil, aseguró el director de Indepaz, ONG defensora de los derechos humanos.
“El problema no es más o menos presencia militar, sino ¿presencia militar para qué?”, recalcó a Prensa Latina.
En su opinión, si hubiera tropas en función de la paz, de la seguridad humana y eso se combinase con grandes políticas de inversión, sería lo ideal.
“Pero una presencia militar solo para ocupar territorios y hacer la guerra contra grupos armados es algo que no tiene salida”, acotó.
Eso se conoce en Colombia desde hace 70 años, dijo, al referirse a las diversas figuras usadas para soluciones castrenses.
En tal sentido señaló el estado de sitio, zonas especiales, zonas futuro y otras más que –indicó- “en realidad generan un estado de guerra permanente que no conduce a nada.”
Ante la grave situación que se presenta en Arauca y la frontera con Venezuela, las comunidades y diversas organizaciones en el nororiente de Colombia reclaman el cese de hostilidades entre los actores armados y también han formulado propuestas para la transformación del conflicto en la zona.
Entre ellas claman por la urgente atención humanitaria a las familias que han sido victimizadas con asesinatos, desapariciones y reclutamientos forzados.
También piden atención a desplazados y confinados en veredas de los municipios afectados (Arauca, Arauquita, Tame, Fortul, Saravena).
Asimismo, solicitan la creación de corredores humanitarios en zonas bloqueadas por presencia de grupos armados y la presencia en la zona de organismos nacionales e internacionales de veeduría y atención humanitaria oportuna y en prevalencia de derechos de la población afectada.
Exigen a los grupos armados el alto al fuego y suspensión de las declaratorias de guerra para evitar muerte y daño, y al Estado que genere inversiones efectivas para apoyar los planes de vida de las comunidades y los programas sociales de respuesta a la crisis social y sanitaria en medio de la pandemia.
ACUERDO DE PAZ
Para Camilo González, el Acuerdo de Paz de 2016 entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado, tiene las estrategias y los instrumentos más importantes para disminuir los niveles de violencia en Colombia para la transición a la paz y al posconflicto efectivo.
No obstante, considera que, si bien es fundamental, no es suficiente porque debe completarse con herramientas de negociación con otros grupos, nuevas políticas y pasar la línea roja sin olvidar la importancia de ese histórico pacto.
Es que hay ahora otras problemáticas en el país: a la gran catástrofe generada por la pandemia, se suma el modelo extractivista que lleva a ocupar militarmente territorios al servicio de multinacionales. Ese modelo es ajeno a la paz y favorece los niveles de violencia, subrayó.
Recordó que en Colombia hay un modelo de violencia para ocupar zonas en beneficio de grandes intereses y si eso no se toca el país quedará a mitad del camino, incluso con la aplicación del Acuerdo de Paz.
ELECCIONES
La violencia que sigue copando cifras tienen lugar en medio de la campaña electoral con miras a los comicios legislativos del 13 de marzo y los presidenciales del 29 de mayo.
El escenario electoral es bastante incierto, sin embargo, las dinámicas políticas y sociales en el país demuestran que se fortalecen las alternativas democráticas y por la paz y se están debilitando las opciones de extrema derecha, comentó.
Considera que las grandes protestas ciudadanas de los últimos años se van a expresar en las urnas y, además, están las apuestas para que en Colombia se desarrollen procesos democratizadores como están ocurriendo en otras latitudes de América Latina.
Mientras esta entrevista transcurría en la sede de Indepaz en Bogotá, continuaban los asesinatos de líderes sociales, los desplazamientos forzados y las masacres en el país.
Al cierre de la primera semana de febrero, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz contabilizaba 18 masacres en el país con unas 50 víctimas mortales, además de 20 líderes sociales asesinados.
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia
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