El registro, según trascendidos de prensa, se enfocó en las oficinas de la secretaría general del Palacio de Gobierno, cuyo titular interino, Beder Camacho, llegó a la sede presidencial cuando los fiscales y policías que los apoyan ya habían ingresado.
Los fiscales llegaron antes del alba a la sede gubernamental y al mismo tiempo eran allanados 15 inmuebles de involucrados en el caso de la compra de biocombustible por 74 millones de dólares por parte de Petroperú.
Según el Ministerio Público, la operación tuvo como objetivo la búsqueda de pruebas, aunque no se dieron detalles de lo que se habría encontrado ni explicaciones sobre la pertinencia de hacer el registro por tercera vez.
El caso se hizo público cuando un medio de prensa afirmó que la compra se realizó tras una reunión en el palacio de gobierno entre el presidente Pedro Castillo, Chávez, Abudayeh y la empresaria Karelim López, quienes lo niegan rotundamente.
En la operación se incluyeron las casas del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, del empresario Samir Abudayeh, cuya empresa, Heaven Petroleum Operators (HPO), vendió el combustible a la empresa estatal y de López, esta última señalada por la prensa como la lobista (cabildera) que promovió la operación cuestionada.
El abogado de López, César Nakazaki, sostuvo que es un abuso que una operación como la ejecutada se realice por tercera vez y añadió que en la primera la Fiscalía incautó todos los equipos informáticos, la segunda un teléfono y hoy se llevaron otro teléfono.
“No hay ningún hallazgo que tenga vinculación para el caso”, agregó, al señalar que en el llamado caso Petroperú no hay delito y que si su cliente hubiera cometido alguno, se hubiera declarado colaboradora eficaz y el presidente Castillo no estaría en el cargo.
Los colaboradores eficaces son involucrados que dan a la Fiscalía información útil que prueben la culpa de investigados de mayor nivel, y la Fiscalía ha podido incriminar a expresidentes y otros altos funcionarios acusados en casos de corrupción.
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