La iniciativa, promovida por la derechista exfiscal de la Nación Gladys Echaíz y aprobada en la comisión congresal de Justicia, plantea modificaciones que limitan a ocho meses el tiempo de negociación de los acuerdos de colaboración de reos involucrados en delitos que aporten pruebas contra investigados de mayor nivel.
El texto, según sus promotores, apunta a hacer menos prolongados los procesos y el uso de largas prisiones para doblegar a los potenciales colaboradores para que acepten dar información a cambio de condenas leves.
También exige que la negociación se realice en presencia del posible colaborador y, lo más controversial, establece penas de cuatro a seis años para quien revele o proporcione parcial o totalmente o en forma directa o indirecta, la identidad de un colaborador o el contenido de sus confesiones.
Ese punto fue calificado como inconstitucional por el exprocurador Anticorrupción César Azabache, pues convertiría en delito el derecho de la prensa a informar de asuntos de interés púbico, lo que hace aunque su divulgación es formalmente ilegal.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dijo a su vez que el proyecto atenta contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado, posición que no escuchó la comisión congresal de Justicia, que tampoco tomó en cuenta las del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
Según Ávalos, las delaciones son un instrumento fundamental para investigar a las organizaciones criminales, pues permite destruirlas desde adentro, recompensando a los colaboradores.
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