Al cumplirse el próximo lunes el 34 aniversario del referendo constitucional, aprobado por más del 99 por ciento de los votos, estructuras como el Sector Democrático y Popular, la Comisión Protestante contra la Dictadura y Mache pou lavi (Marchamos por la vida), invitaron a la población a movilizarse los días 28, 29 y 30 de marzo.
La manifestación también pretende denunciar las acciones del poder, consideradas por estas plataformas contrarias a la ley fundamental, además del proyecto de consulta popular emprendido por el Gobierno para modificar la carta magna.
La exministra de la Condición Femenina Marjorie Michel insistió que las protestas no solo exigirán respeto por la Constitución vigente, sino que también denunciarán la mala gobernabilidad del país.
Michel describió la ‘situación catastrófica’ en la gestión de las finanzas públicas, y aseguró que existe un gran desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la actual administración.
Deploró, además, el clima de inseguridad, agudizado en la capital, y denunció una supuesta alianza entre el Estado y grupos armados en detrimento de la población más vulnerable.
Por su parte, Rosemond Pradel del partido Fusión de los Socialdemócratas rechazó el discurso del Gobierno cuando asegura que la Constitución constituye la principal fuente de inestabilidad del país.
‘Los presidentes toman lo que quieren del documento de 1987 y rechazan lo que no quieren, o no desean’, dijo el veterano político, aunque admitió que la ley de leyes contiene imperfecciones.
Las autoridades anunciaron la consulta popular para el próximo 27 de junio, que de aprobarse modificaría el sistema parlamentario actual, eliminaría el Senado y permitiría a los integrantes de la diáspora ocupar cargos políticos.
Sin embargo, un amplio sector de la sociedad estima que el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse culminó el 7 de febrero pasado, lo cual lo inhabilita para emprender la reforma.
Las protestas en Haití se intensificaron desde inicios del febrero, y a pesar de la presión popular y del recrudecimiento del clima de inseguridad, aún el gobernante recibe el apoyo de la comunidad internacional que alienta elecciones para renovar el personal político.
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