‘Siguen haciendo trizas la Paz. En Puerto Asis, Putumayo fue asesinado nuestro compañero y Firmante de la Paz Carlos Alberto Bustos. El Gobierno Duque sigue callando ante este exterminio que ya suma 262 vidas. Señor Presidente áPare la matanza! Queremos la Paz completa’, compartió la legisladora en Twitter.
El Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016 en La Habana, Cuba, garantiza la seguridad y la reincorporación de los guerrilleros desmovilizados a la vida civil.
Sin embargo desde entonces a la fecha fueron asesinados los 262 excombatientes mencionados por la legisladora, de ellos 13 solo en lo transcurrido del 2021, considerado uno de los inicios de año más violentos de las últimas décadas en Colombia.
Ramírez y otros actores de la vida política y social del país responsabilizan al gobierno del presidente Iván Duque de esos y otros actos de violencia que durante los últimos meses elevaron considerablemente la percepción de inseguridad entre los colombianos según los resultados de encuestas publicadas en medios nacionales.
A la muerte de los exguerrilleros el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz agrega los 35 líderes sociales y defensores de los derechos humanos ultimados de manera violenta y las 21 masacres registradas desde el primero de enero a la fecha.
Precisamente sobre la responsabilidad del Estado en esos y otros hechos violentos tratan las sesiones que desde hoy y hasta este sábado lleva adelante en el país el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Esa corte, cuyas decisiones no tienen implicaciones judiciales, más bien busca concientizar a la opinión pública, revisará unos 40 expedientes centrados en hechos violentos hacia grupos sociales y políticos como asesinatos selectivos, desplazamientos forzosos y persecución política.
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