La votación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales registró en realidad ocho votos a favor e igual número en contra, por lo que la presidenta del grupo, Rosío Torres, ejerció su voto dirimente y determinó la aprobación.
Según la acusación, el presidente Castillo, al expresar simpatía con el anhelo boliviano de una salida al mar, ofreció implícitamente territorio peruano a Bolivia, lo que él niega rotundamente, y así violó la carta magna e incurrió en traición a la patria.
La propuesta fue aprobada para su debate pese a ser extemporánea, ya que había expirado el plazo establecido para el efecto, lo que generó una ardua discusión.
El texto fue presentado originalmente por los abogados de extrema derecha Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores, y Francisco Tudela (excanciller) y los periodistas de similar posición Hugo Guerra y César Vignolo.
La denuncia fue rechazada porque ninguno de los firmantes estaba calificado legalmente para presentarla, ante lo cual la suscribieron los congresistas Norma Yarrow y José Cueto, también de extrema derecha.
Según el procedimiento establecido, el acuerdo será sometido al análisis de la Comisión Permanente del Parlamento y si esta la aprueba, volverá a la subcomisión para que investigue el caso y emita un informe.
De ser condenado Castillo, será sometido a la justicia, pues la traición a la patria es uno de los pocos delitos por los que puede ser juzgado un mandatario en funciones, y además destituido.
La acusación es una de las alternativas que baraja la derecha para cesar al mandatario, ante la insuficiencia de votos para alcanzar dos tercios del total de congresistas, mayoría necesaria para vacar al presidente por “incapacidad moral permanente”, modalidad que, además impulsa la extrema derecha.
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