En una jornada de reflexión sobre la propuesta de carta magna, que reunió a más de un centenar de líderes campesinos y de organizaciones comunitarias, el ministro delegado para Asuntos Electorales, Mathias Pierre, recordó que la ley fundamental vigente exige la organización de tres elecciones cada dos años, con costos que superan los 100 millones de dólares cada vez.
Excandidato presidencial en la contienda de 2015, Pierre señaló que cada proceso electoral genera una crisis en el país, y los sufragios de segundo grado quedan generalmente inconclusos.
El funcionario llamó a los dirigentes campesinos a discutir el proyecto en sus comunidades y promover la elección de mujeres en cargos decisivos.
También reiteró que la transición propuesta por los sectores de la oposición no es una fórmula democrática, pues priva al pueblo de su derecho a decidir.
Por su parte, Louis Naud Pierre, quien integra el Comité Asesor Independiente para redactar la nueva ley, aseguró que la Constitución de 1987 afecta a varios sectores sociales, mientras que el nuevo documento tiene en cuenta otros elementos como la nacionalidad, soberanía, ciudadanía y participación de los haitianos de la diáspora.
Sin embargo, un amplio número de partidos políticos y organizaciones sociales rechazan el proyecto de cambio constitucional, y critican al Gobierno por promover la modificación de la carta magna de 1987, que restauró libertades tras el largo periodo dictatorial.
Estas plataformas convocaron a tres jornadas de movilizaciones el fin de semana próximo, y desestiman que la ley de leyes vigente constituya la fuente de inestabilidad política.
‘Los presidentes toman lo que quieren del documento de 1987 y rechazan lo que no quieren, o no desean’, dijo Rosemond Pradel, integrante del partido Fusión de los Socialdemócratas, aunque admitió que la constitución contiene imperfecciones.
La consulta popular está prevista para el 27 de junio próximo, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad, secuestros y asesinatos, además de la fuerte presión de partidos opositores, para los cuales el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse expiró en febrero pasado y lo acusan de usurpar el poder.
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