“Se han encontrado suficientes indicios de convicción en contra del fiscal Jhasmani M.L.”, aseguró ante la prensa el máxima representante territorial de la Fiscalía.
Entre las evidencias ocupadas Alave mencionó un disco compacto presentado por la víctima con grabaciones de la pasante como asistente en la oficina de Jhasmani M.L., a quien identificó como Melvi T.S., y denuncias similares.
Agregó que en las grabaciones aportadas como prueba, se escucha a la pasante detenida y se presume que consultó con Jhasmani M.L., si era posible rebajar el monto de dinero que debía desembolsar la víctima.
De acuerdo con la afectada, Melvi T.S., le pidió seis mil bolivianos (unos 860 dólares) para favorecerla con una resolución fiscal, pero solo pudo reunir y entregarle tres mil.
Sorprendida en flagrancia cuando recibía el primer pago a cambio de la resolución de rechazo, la joven fue aprehendida, según las fuentes.
La fiscal Jenny Benítez, por su parte, añadió que la denunciante era investigada por violencia familiar y, por ello, solicitó en tres oportunidades el rechazo de su caso ante una conminatoria jurisdiccional.
Al realizar la consulta en el despacho del fiscal ahora arrestado fue abordada por la pasante, quien le comentó que su caso era grave y que para agilizarlo debía pagar una suma monetaria.
Según Benítez, en las grabaciones presentadas por la víctima, la pasante investigada sostuvo que el fiscal tenía conocimiento de la oferta porque él tenía a su cargo la investigación y sólo él podía decidir sobre su caso, y para beneficiarla debía pagar el dinero solicitado.
El fiscal ahora está en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la espera de su audiencia de medidas cautelares en la que un juez decidirá su situación jurídica procesal.
La víspera Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, confirmó la instauración de 76 procesos contra malos administradores de la justicia, al concluir la intervención de los juzgados de ejecución penal.
Molina afirmó en entrevista al canal Bolivia TV que la investigación de más de mil expedientes en todo el país se realizó en cumplimiento de una instrucción de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio creada por indicaciones del presidente, Luis Arce.
Este comité de Estado fue creado por indicaciones de Arce cuando se desató a fines de enero del año en curso el escándalo del feminicida serial Ríchard Choque, quien fue favorecido con el envío a su casa por un juez corrupto, pese a que purgaba una condena de 30 años sin derecho a libertad por asesinato.
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