El texto es resultado de un extenso trabajo de investigación, la recopilación de opiniones de la población y el análisis con profesionales de distintas ramas, elementos que hacen de esta una norma de avanzada y sintetizadora de diversos saberes.
El diseño de consultas con la ciudadanía –una práctica que no es nueva para el Gobierno de la isla- permite brindar una mirada integradora a fenómenos que forman parte del tejido social de la nación.
También facilita el reconocimiento de derechos a todas las personas, sobre todo el de aquellos sectores antes invisibilizados desde la legislación y la práctica jurídica.
Expertos vinculados a la elaboración del Código resaltan su condición progresista respecto a disposiciones de su tipo en países de América Latina y también el diálogo sobre la base de los postulados de la Constitución de la República y los tratados internacionales de los cuales Cuba es parte.
Más de siete millones de personas se prevé participen en una consulta que se desarrolla hasta el mes de abril y que ya llegó a más del 50 por ciento de las reuniones previstas.
Los criterios se emiten también a través del sitio web Nación y Emigración por cubanos residentes en más de 140 países del mundo, que lo enriquecen con sus experiencias de enfrentar conflictos en otras latitudes, pues la norma propone además una mirada a las familias transnacionales.
Las opiniones recogidas hasta ahora apuntan fundamentalmente a los temas relacionados con el matrimonio, la adopción, orden de los apellidos, responsabilidad parental, gestación solidaria o la discriminación en el ámbito de la familia, afirmó recientemente la titular del Consejo Electoral Nacional de la isla, Alina Balseiro.
Y es que, como afirmó el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Leonardo Pérez, «hablamos de un cuerpo normativo capaz de reflejar el atlas de nuestra geografía sociofamiliar, cualquiera sea la estructura o forma de organización por la que se haya apostado».
“Es un Código que apuesta por multiplicar los afectos y sumar derechos, por abrir puertas y tender puentes”, aseguró el jurista ante los diputados al Parlamento, quienes aprobaron en diciembre último la versión sometida al debate popular.
El nuevo cuerpo legal actualizará la norma vigente que data de 1975 una vez sea sometido a referendo popular, tras la aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular de las aportaciones resultantes de la consulta.
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