Mario Hubert Garrido
Corresponsal de Prensa Latina en Panamá
La situación se complica aún más, en medio del impacto de la Covid-19 y el auge vertiginoso de los precios del petróleo que se traducen en una canasta básica familiar cada día más cara.
El coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, explicó a Prensa Latina que desde el año pasado entregaron al legislativo el denominado proyecto 281, que solicita evaluar el incremento de los sueldos de los obreros.
El también líder del Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton, indicó que otra de las propuestas de diversas agrupaciones sociales es que se elimine como institución a la actual Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y en su lugar se constituya el Consejo Nacional de Precios.
“La guerra (en alusión al conflicto entre Ucrania y Rusia) no puede ser una excusa para encarecer el costo de la vida, ya lo hicieron con la pandemia”, remarcó Guzmán ante la prensa.
A su juicio, es inconcebible que los precios estén a libre oferta y demanda y que la población esté en manos de comerciantes.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, explicó que el 40 por ciento de los asalariados en el istmo reciben sueldos mínimos que no cubren la canasta básica familiar.
Si a esto uno le suma que más de 222 mil obreros, el 11,3 por ciento de ese sector está sin empleo, ¿cómo hacen para enfrentar el auge vertiginoso de los precios de los alimentos y los medicamentos, entre otros productos?, remarcó.
A su juicio, los diputados, como representantes populares, están obligados a revisar y discutir las propuestas de la ciudadanía.
Mientras, Saúl Méndez, máximo dirigente del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), el mayor del país, ratificó que el 4 de abril irán a huelga de brazos cruzados.
La medida de presión, dijo, responde además a la urgencia de que los empresarios millonarios y la Cámara Panameña de la Construcción rubriquen los Convenios Colectivos de Trabajo y mejoren las condiciones del obrero.
CÁLCULOS Y DENUNCIAS CONSTANTES
Estadísticas oficiales precisan que en noviembre de 2021 la inflación acumulada llegó a 1,5 por ciento, mientras que el crecimiento interanual se situó en el 3,4 por ciento.
En Panamá existen cerca de 40 salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la región del país, pero la ley establece que deben ser ajustados cada dos años, tras un consenso de empleadores y trabajadores, algo que en 2021 no ocurrió, como es tradicional, por lo que el Ejecutivo asume la decisión
Según dio a conocer el año pasado la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, para los años 2022 y 2023 hay sectores que no recibirán incrementos salariales, entre ellos hoteles, restaurantes y comercio, en los que se encuentra la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
A partir de la segunda quincena del pasado mes de enero, según la funcionaria, perciben aumentos en los sueldos agricultura, pesca y ganadería (1,5 por ciento); actividades de servicios sociales, financieras y salud privada (2); suministro de electricidad, gas y agua (2), y empresas bananeras (13).
Para determinar el ajuste, agregó, el Gobierno tomó en cuenta los sectores con crecimiento por encima del tres por ciento en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 en relación con 2019, pues estiman que el 2020 fue un año atípico debido a la casi paralización de la economía a causa de la Covid-19.
Este Decreto Ejecutivo, enfatizó la ministra, es una decisión de justicia social ajustada a la realidad del país y las perspectivas de crecimiento que organismos nacionales e internacionales prevén para Panamá en 2022.
Los sectores cuyo nivel salarial quedó sin variación son los más golpeados por la pandemia. La decisión del Gobierno fue rechazada de inmediato por los sindicatos.
A inicios de este año, la Conusi calificó de burla el ajuste salarial decretado por el Ejecutivo hasta 2024, además insuficiente para asumir la cotidianeidad.
La máxima dirección del sindicato estimó que la medida solo beneficia a sectores que según el gobierno registraron una recuperación económica el pasado año en relación con 2019, y solo da más sufrimiento al pueblo.
“Esos salarios mínimos no satisfacen las necesidades materiales de los trabajadores ni de sus familias, pues ocurre cuando los precios de los artículos de primera necesidad suben constantemente y este Gobierno es incapaz de buscarle una solución a esa problemática”, señalan varios de sus comunicados.
Marcos Andrade, secretario general de la Conusi, fue más enfático en sus declaraciones a Prensa Latina. “No permitiremos que suceda lo de diciembre de 2021, que, ante las demandas de la clase obrera, el Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en cómplice maniobra, desestimaron en los reajustes salariales a más del 80 por ciento de las actividades”.
Ante esta situación, dijo, lo que nos queda es la lucha, lo que nos queda es la calle, para buscar la forma de que se encuentre una solución que favorezca a las mayorías.
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