La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador ratificó su inquietud por el retraso en la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, a propósito del cuarto aniversario de su aprobación.
La Mesa precisó que siguen sin un cierre técnico las 15 minas abandonadas reportadas por el Ministerio de Economía, la mayoría en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión, las cuales son fuente de contaminación.
Las organizaciones exigieron además a la legislatura que asumirá el 1 de mayo próximo mantener la normativa, aprobada en 2017 porque dicha práctica generaba más daños que beneficios.
Varios municipios salvadoreños rechazaron en referendos populares la explotación de sus tierras por las trasnacionales, y la Iglesia Católica se alió a grupos sociales y ambientalistas en este empeño.
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