En su versión original el anteproyecto de carta magna eliminó la Cámara Alta y ofreció mayor protagonismo a la asamblea de diputados, a la cual incluyó representantes de la diáspora, sin embargo, la propuesta generó críticas.
Pierre aseguró este martes que decenas de partidos políticos y otros gremios abogaron por mantener el Senado, e incluso, el presidente Jovenel Moïse accedió a satisfacer las demandas.
No obstante, la Cámara alta contará con un tercio de los miembros actuales y, junto a los diputados, podrán controlar la acción del Gobierno, pero no jugarán ningún papel en la formación del mismo, indicó el funcionario.
A pesar del avance del Ejecutivo en la organización del referendo constitucional y de que el texto actualmente se discute entre organizaciones campesinas, feministas, juveniles, entre otros, las principales fuerzas políticas, plataformas sociales y religiosas rechazan los planes de modificación de la carta magna.
Miles de personas se manifestaron en la capital y otras ciudades el domingo y lunes pasado contra la consulta popular promovida por las autoridades y recordaron que el ejercicio está expresamente prohibido en la ley de leyes vigente.
Según sus defensores, el principal problema del país no radica en su normativa, sino en el uso que de ella hacen los funcionarios.
Por su parte, Moïse asegura que la Constitución es la principal fuente de inestabilidad política y el país precisa de otra legislación más moderna.
A finales del año pasado una encuesta del Buró de Investigación en Informática y Desarrollo, reveló que más del 87 por ciento de los haitianos es favorable a modificar la ley de leyes, mientras el 72,3 se expresó a favor de remover el cargo de primer ministro y el 74,2 apoyó la introducción del puesto de vicepresidente.
Sin embargo, las críticas más ácidas radican en el momento elegido por el Gobierno para la reforma, mientras se recrudece el clima de inseguridad y crecen los cuestionamientos sobre la legitimidad del jefe de Estado.
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