La Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció que el Ejército presentó a esas víctimas como disidentes abatidos.
La Opiac señaló que se trata de falsos positivos y exigió al gobierno esclarecer y responde por esos crímenes.
En medio de los hechos murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas.
«Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados”, aclaró la Defensoría.
Aseguró que, de manera particular, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos.
Finalmente, la Defensoría insistió en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido.
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