“No admitiremos ninguna intromisión en las decisiones de los tribunales de nuestro país”, dijo en tono beligerante Hernando Guerra, vocero de la bancada de ese partido, en referencia a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de congelar la decisión del Tribunal Constitucional de Perú que reactivó un indulto a Fujimori anulado por la Corte Suprema en 2018.
Previamente, su jefa, Keiko Fujimori, hija del preso, lanzó ataques a la corte externa y dijo que su familia se hace responsable de la vida del expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, con lo que coincidió Guerra. Según el parlamentario, la notificación fue comunicada al Gobierno sin ceñirse a procedimientos formales y el Ejecutivo que ha acatado la decisión de la CIDH, no debe aceptarla y debe defender lo resuelto por el TC.
Calificó el dictamen de la corte como una irregularidad que muestra su “sesgo ideológico” e insistió en la afirmación fujimorista de que la CIDH favorece a terroristas.
Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en una de dos masacres por las que Fujimori cumple una condena de 25 años, rechazó que el fujimorismo pretenda mostrar como terroristas a los occisos y sus familiares.
Ortiz, exministra de Cultura del actual Gobierno, aclaró que los familiares de los caídos, por cuya queja la CIDH frenó la libertad de Fujimori, no se oponen a un indulto al exgobernante de 83 años, pero exigen que sea conforme a la legalidad. Precisó que para ello, el preso debe reconocer sus crímenes, expresar su arrepentimiento e informar sobre la ubicación de los cadáveres de cinco de las víctimas y otro requisito legal es que pague las reparaciones fijadas en la sentencia.
Guerra sostuvo que los estados sujetos a la jurisdicción de la corte pueden decidir si acatan o no sus decisiones y citó el caso de Colombia, que se ha negado a hacerlo sin consecuencias.
El juez del TC Eloy Espinoza, uno de los que votó contra el anulado indulto, declaró a su vez que la CIDH puede dejarlo definitivamente sin efecto.
También, añadió, puede diferenciar, mediante un peritaje, entre un desgaste de la salud de Fujimori por su edad (83) y un enfermo terminal, caso este en el que debería ser excarcelado o ingresado en un hospital.
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