Áñez es juzgada por la vía ordinaria bajo la imputación de presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Se investigan en este expediente las supuestas acciones de la exsenadora cuando era segunda vicepresidenta de la cámara alta para asumir en 2019 primero su titularidad y, posteriormente, la jefatura del Estado en forma anticonstitucional.
Según la Fiscalía, más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales evidencian que la ahora encarcelada preventivamente en Miraflores adecuó su conducta a esas tipificaciones penales.
El Ministerio de Gobierno recordó en una reciente crítica al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz que el caso que continúa este jueves permanece “trabado” por incidentes.
Un receso decretó el jurado este martes y en las audiencias anteriores asumió la obligación de resolver 14 obstrucciones, 10 de la exsenadora encumbrada tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
La Fiscalía, en tanto, deploró que los recursos judiciales –rechazados por el jurado por ser planteamientos ya utilizados en la fase preparatoria- los manipulara la defensa con el objetivo de dilatar y anular la vista oral.
Una de esas excepciones sirvió de base a la exigencia de un juicio de responsabilidades al tratar de descalificar a la cartera de Gobierno por “no tener legitimación para acusar”.
Otra plantea el pretexto de “una actividad procesal defectuosa” en el acto de apertura de la vista oral, además de la demanda de que declaren el expresidente Evo Morales y el exvicemandatario Álvaro García Linera, las supuestas víctimas.
El uso de todas esas chicanas (trampas) procesales motivaron que el tribunal aplicara en la audiencia del martes sanciones pecuniarias a la defensa de Áñez y al abogado de los coacusados.
No obstante, la traba creada por la resolución de “incidentes y problemas técnicos” de dos militares también acusados y encarcelados, provocó nuevamente la suspensión de la audiencia hasta este jueves.
Junto a Áñez concurren como acusados otros exjefes castrenses y policiales, a quienes en la apertura del juicio oral la autoridad jurisdiccional declaró en rebeldía.
La orden de búsqueda y captura está vigente contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, los exgenerales Elmer Flores y Carlos Orellana, así como el exjefe de la Policía Yuri Calderón.
De acuerdo con el Código Penal, en este expediente la exgobernante de facto podría ser condenada a una pena de hasta 10 años de privación de libertad.
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