El mandatario Joe Biden enfrenta críticas tanto de sus adversarios como de algunos aliados por suspender esa medida, mediante la cual muchos indocumentados que arriban por la frontera sur del país son expulsados rápidamente con el pretexto de evitar la propagación de la Covid-19.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que, dado al descenso de casos de la enfermedad, así como las hospitalizaciones y las muertes provocadas por el coronavirus SARS-CoV-2, la política sería cancelada a partir del 23 de mayo.
El diario The Hill señala que el anuncio de la rescisión de la norma abrió una brecha entre Biden y otros miembros de su partido, algunos de ellos influyentes senadores que buscan distanciarse de esa decisión.
Uno de ellos es Gary Peters, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, quien consideró necesario un plan bien pensado antes de levantar el Título 42, cuando se espera una avalancha de personas en el límite fronterizo con México.
Los republicanos ya planeaban hacer de la inmigración una línea de ataque prominente contra sus contrarios de cara a las elecciones intermedias de noviembre y ven el fin de la regla impuesta por Trump como un excelente argumento.
Legisladores demócratas, como Mark Kelly, Raphael Warnock, Catherine Cortez Masto y Maggie Hassan, que aspiran a mantenerse en sus escaños senatoriales, también están a favor de mantener las restricciones migratorias.
Otros parlamentarios del bando identificado con el color azul sí apoyan el levantamiento de la orden migratoria, considerada inhumana y xenófoba por ni siquiera dar la oportunidad de presentar su solicitud de asilo a los inmigrantes que huyen de la persecución y el peligro.
Bajo la excusa del Título 42 el gobierno de Trump expulsó a 400 mil personas, mientras el de Biden elevó esa cifra a 1,2 millones.
Más de la mitad de los 221 mil detenidos el mes pasado por las autiridades fronterizas fueron deportadas a México o a sus países de origen, según datos presentados ante una corte federal en Texas.
Las disputas respecto a esa política migratoria obstaculizan desde inicios de mes en el Congreso un paquete presupuestario de 10 mil millones de dólares para enfrentar la Covid-19, pues los republicanos condicionan la aprobación de esos fondos al mantenimiento de la normativa.
Anlistas consideran que el actual ocupante del Despacho Oval no explica adecuadamente a los votantes el enfoque de su administración en materia de inmigración y eso podría tener un impacto negativo en los comicios legislativos de noviembre.
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