Más de 20 organizaciones sociales, entre sindicales, campesinas, de mujeres y otras, demandaron medidas contra las alzas de precios, -generadas por factores internacionales- y medidas en favor la salud, la educación y el agro, desamparados por el modelo neoliberal desde hace décadas, según voces críticas.
Coincidieron en la demanda de “la instalación de una Asamblea Constituyente con el pueblo y para el pueblo” y recordaron al presidente Pedro Castillo que la ofreció en su campaña electoral.
El reclamo de una consulta popular sobre la elección de una Asamblea Constituyente estuvo presente en todos los discursos de un diálogo de los dirigentes sociales y el primer ministro, Aníbal Torres; y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
Sánchez hizo notar que todos los líderes de las organizaciones sociales coincidieron en esa demanda y comentó que el reclamo de una nueva carta magna “que regule con criterio de humanidad el mercado, la sociedad y el Estado”, corresponde a un derecho que nadie puede arrebatar al pueblo.
La presión política, empresarial y mediática determinó que el Gobierno y postergue el tema de la Constituyente y lo deje en manos de lo que decida la sociedad.
El partido cogobernante Perú Libre inició entonces una campaña de recolección de firmas de ciudadanos que demandan un referendo sobre la la ley de leyes.
En respuesta el Congreso de la República, bajo influencia de la extrema derecha, aprobó a marcha forzada una ley que somete a su aprobación las iniciativas ciudadanas de reforma o cambio constitucional, lo cual los promotores de este consideran contrario a la democracia y la propia carta magna.
Al mismo tiempo, desde antes del inicio del Gobierno el órgano legislativo ha desarrollado una campaña con fuerte acompañamiento empresarial y de medios de prensa afines, contra la posibilidad una nueva Constitución, alegando para ello que traerá inestabilidad económica.
Las organizaciones cusqueñas rechazaron al parlamento unicameral por considerar que representa a los intereses de los monopolios y oligopolios que defienden el modelo neoliberal sustentado por la constitución vigente.
También señalaron que el Gobierno mantiene una actitud débil, errática y carente de resolución “en el proceso de toma de decisiones para resolver asuntos de interés esencial para las grandes mayorías”
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