La actual administración de Joe Biden anunció que suspendería esa orden a partir del 23 de mayo y, aunque el gobierno dice estar preparado logísticamente para un aumento de la llegada de indocumentados a la frontera sur, recibe numerosas críticas tanto de adversarios como de aliados políticos.
Los fiscales presentaron demandas contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en oposición a la decisión de rescindir el Título 42, cuya implementación se basa en expulsar inmigrantes bajo el pretexto de la pandemia de Covid-19, informó el diario The Hill.
Los demandantes, que representan mayormente estados liderados por el Partido Republicano, argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya dejó de usar ese acápite al permitir la entrada constante de ciudadanos de países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Bajo la excusa del Título 42, considerado por algunos como inhumano y xenófobo, el gobierno de Trump expulsó a 400 mil personas, mientras el de Biden elevó esa cifra a 1,2 millones.
Más de la mitad de los 221 mil detenidos el mes pasado por las autoridades fronterizas fueron deportados a México o a sus países de origen, según datos presentados ante una corte federal en Texas.
Analistas creen que el actual ocupante del Despacho Oval no explica adecuadamente a los votantes el enfoque de su administración en materia de inmigración y eso podría tener un impacto negativo en los comicios legislativos de noviembre.
Esta semana tuvo lugar en Panamá una reunión regional sobre migración con la presencia del secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, y la del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la cual abogaron por acciones regionales coordinadas para frenar el flujo migratorio.
El discurso de Washington fue catalogado por expertos como de doble rasero, pues las sucesivas administraciones norteñas incumplen acuerdos con naciones como Cuba- una de las ausentes al foro junto a Venezuela y Nicaragua- lo que estimula irregularidades y genera picos migratorios acrecentados por medidas coercitivas.
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